Albornoz reivindicó el salto de calidad de Jujuy en la lucha contra la violencia de género

La diputada Gabriela Albornoz ponderó el salto cualitativo que representa para Jujuy el paquete de medidas articuladas por Provincia y Nación para erradicar la violencia de género.
Hizo especial mención de la creación de los juzgados de violencia de género, la inauguración reciente de la Secretaría de Paridad de Género por parte del Gobierno de Jujuy y la creación del Registro Provincial de Femicidios, que se suman a las políticas de visibilizacion y erradicación de este flagelo motorizadas a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que contemplan, entre otras disposiciones, la implementación de dispositivos de vigilancia electrónica para los casos de violencia contra la mujer.
La legisladora por Jujuy enfatizó las expectativas que concita este brazalete electrónico, que supera ampliamente las posibilidades del denominado «botón de pánico», puesto que preconstituye prueba, al estar georreferenciado registra la violación de prohibición de acercamiento.
Se trata de un dispositivo en el tobillo del agresor y un instrumento con móvil en la víctima, a la cual le permite salir de una situación de confinamiento en su propia vivienda. Asimismo, racionaliza y administra eficientemente el recurso policial, al disparar la advertencia que pone en conocimiento la aproximación del agresor, según explicó la subsecretaria de Acceso a la Justicia de la Nación, María Fernanda Rodríguez.
En este sentido, Albornoz llamó a fortificar las estrategias contra la violencia de género y, desde esta posición, dar la necesaria batalla cultural. «La violencia contra las mujeres está enraizada y naturalizada, situación que da rienda suelta a un sentido común cómplice que incluso la fomenta», puntualizó.
Prosiguió señalando, que «la consideración de la violencia contra la mujer como un problema social, conduce a su visibilización» y argumentó que la génesis de esta problemática «se encuentra en las relaciones sociales basadas en la desigualdad, en un contrato social entre hombres y mujeres que implica la opresión de un género por parte del otro».
Consecuente con esta definición, la diputada nacional abogó por actuaciones de orden social que impliquen un nuevo contrato social», enriquecido por programas educativos, decisiones judiciales, medidas de carácter legislativo, proyectos de inserción social y promoción de derechos, «para así hacer frente al problema y acumular capacidades que permitan superar sus consecuencias».