Bonos «Cemis»: Misiones en default. Por Luis Pastori
I – LA EMERGENCIA PERMANENTE
Las leyes que autorizaron en la década del ’90 las diferentes emisiones de los “Certificados de Cancelación de Deudas de la Provincia de Misiones” (Bonos CEMIS), fueron posibles en el marco de la Ley de Emergencia Económica y Social Ley VII N° 13 (antes Ley 2723) del 21/12/1989 y la posterior Ley VII N° 24 (antes Ley 3309) del 25/7/1996 que extendió la emergencia a todo el ámbito del sector público de la provincia.
Dichos bonos servían para cancelar todo tipo de deuda del Estado provincial (proveedores, deudas previsionales, liquidaciones de seguros del ex Instituto Provincial del Seguro, pago a prestadores del I. de Previsión Social, etc.)
Es decir que Misiones mantiene el estado de emergencia económica desde hace más de 32 años, lo cual constituye un récord de dudosa constitucionalidad ya que transformó el concepto de “emergencia” -que por naturaleza es algo excepcional y transitorio por un breve plazo- en algo permanente y sin solución de continuidad y que le da pie al gobierno para fundamentar la falta de pago de estas obligaciones.
Este verdadero oxímoron (la “emergencia permanente”) se da en un contexto en que Misiones se revela como la provincia con el cuarto menor stock de deuda pública del país, dato muy alentador por cierto, pero que esconde un misterio respecto a la deuda real por los Bonos CEMIS emitidos entre 1996 y 2000 y cuyos cupones de pago, como veremos a continuación, se encuentran vencidos e impagos en su mayor parte.
II – LAS EMISIONES DE CEMIS Y SU FALTA DE PAGO
Partimos de la información emanada del Ministerio de Economía y Hacienda de la Provincia que, con datos al 30/09/2021 nos dice que por los Bonos CEMIS vencidos e impagos se debe poco menos de 1.600 millones de pesos.
Ahora bien, resulta que todos ellos fueron emitidos en dólares (no en pesos) en láminas de distintas denominaciones (principalmente de u$s 1.000 cada una). Algunos tenedores aceptaron el “plan canje” ofrecido entre 2004 y 2005, por lo que resultan al menos dos interrogantes de los cuales el gobierno debiera dar cuenta, a saber:
- Del stock circulante, cuántos tenedores aceptaron canjear los bonos y por qué monto, y
- cual fue la cotización utilizada para transformar la deuda de dólares a pesos.
La Ley VII N° 45 (antes Ley 3854) de 2002, prorrogó los vencimientos de todos los cupones vencidos e impagos y, a partir de entonces, en las leyes de Presupuesto Provincial de cada año invariablemente se incorpora un artículo que extiende la prórroga. El último, el Presupuesto de 2022 -Ley VII N° 94- lo hace+ hasta el 30 de junio de 2024 (art. 34)
Las “prórrogas” vigentes abarcan:
- Bonos de la Ley VII N° 25 (antes Ley 3311). Se autorizó la emisión de 150 millones de dólares, a devolver en 32 cuotas trimestrales (8 años) de aproximadamente 4,6 millones cada una. Se llegaron a pagar solamente los primeros 13 cupones en forma regular, debiéndose los 19 restantes, lo cual alcanza a la suma total de U$s 89 millones pendientes.
- Bonos de la Ley VII N° 36 (antes Ley 3587). Se adicionó un total de u$s 30 millones, a devolver en 32 cuotas trimestrales (8 años) de aproximadamente u$s 937 mil cada una. Se pagó solamente el primer cupón, quedando impagos los 31 restantes, lo cual hace un total de u$s 29 millones pendientes.
- Bonos de la Ley VII N° 40 (antes Ley 3754) -Serie Adicional II- por un total de u$s 47 millones, a devolver en 32 cuotas trimestrales (8 años) de aproximadamente 1,5 millones cada una. De esta serie no se pagó ningún cupón, debiéndose en consecuencia su totalidad.
En consecuencia, los bonos impagos de las 3 series suman un total de u$s 165 millones, los que a la cotización del dólar Banco Nación del 25 de enero de 2022 a $ 109,50 da la friolera de más de $18 mil millones -contra los $ 1.600 millones informado- poniendo un espero manto de oscuridad acerca del verdadero quántum de la deuda pública provincial.
Todo ello, sin entrar a considerar otros bonos vencidos e impagos como los denominados “Senior” y “Junior” emitidos por Decreto 1986 del 23/11/1999, por 100 millones de dólares a 10 años de plazo y cuyo saldo deudor aparece en el mismo informe ministerial por $ 249 millones, y a los que les caben las mismas dudas que a sus hermanos CEMIS.
De hecho, a ello hay que agregar los intereses resarcitorios pactados.
III – CONCLUSIÓN: MISIONES, UNA PROVINCIA EN DEFAULT
Gracias al dudoso criterio de la “emergencia permanente”, las finanzas provinciales se encuentran claramente en default. Varios cientos de prestadores del IPS, acreedores del Instituto del Seguro, pequeños ahorristas que creyeron en que la provincia honraría sus deudas y quienes quieran que hoy tengan en su poder estos papeles, han sido estafados por la provincia.
No hay ningún justificativo que amerite proseguir ni con la “emergencia permanente” ni con la prórroga sistemática del pago de los cupones vencidos, además que tampoco existen razones para alardear de ser una provincia con sus finanzas saneadas cuando se esconde semejante cadáver en el ropero.
Esperamos (exigimos) las aclaraciones correspondientes.