Brügge: “El manejo de los datos personales y valores sensibles del ser humano se ha salido de control en las redes sociales”

El diputado nacional Juan Brügge (Partido Demócrata Cristiano UNA-Córdoba) adelantó, como presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática, que este año debería discutirse un nuevo proyecto de ley de medios. Del mismo modo, anticipó que se avanza en modificaciones sobre telefonía móvil por las tarjetas pre-pagas y también por la instalación de antenas. Por último, una charla sobre su proyecto para crear un Defensor Público en las redes sociales, iniciativa que motivó las visitas de representantes de Google y Facebook.

 

¿Cómo espera este nuevo año de sesiones ordinarias?
Es un año en que se mezcla la tarea legislativa con la tarea electoral, eso hace que cambie la impronta y dinámica parlamentaria, en donde va existir mucha actividad territorial de los diputados en sus respectivas provincias. Eso ya es un elemento que va a condicionar la dinámica del Congreso. Creo que puede haber actividad legislativa importante, pero entrando al segundo semestre puede decaer por las elecciones de agosto y octubre.-

 
¿Cómo viene la actividad de la Comisión de Comunicaciones e Informática para este año?
Estamos esperando que se envié la nueva ley de medios. Teóricamente ya estaría venciendo el plazo para que la comisión de expertos, que se formó con el decreto presidencial cuando se creó el ENACOM emita su informe y debería el Ejecutivo enviar el proyecto. Sobre este punto, nosotros no nos quedamos de brazos cruzados el año pasado en la tarea legislativa, en la comisión hemos recibido a diferentes asociaciones, cámaras que aglutinan medios y expertos, a los fines de que vayan expresando su voluntad de como tendría que ser la nueva ley, y especial identificar e ilustrar a los integrantes de la comisión sobre las ventajas y falencias de la ley vigente sobre la materia.

 
¿En cuanto a las telefónicas?
La telefonía móvil ha recibido varios cambios en lo que respecta a su régimen que se hicieron todos por decreto, lo cual va a requerir necesariamente una revisión legislativa. En ese punto, tenemos proyectos en estudio sobre las tarjetas prepagas. Como se sabe, tienen un plazo de vigencia que se vence y ese crédito no se puede renovar. En otras partes del mundo esa vigencia es mucho más amplia. Nosotros estamos por despachar un proyecto del Senado que extiende la vida de las tarjetas a 180 días, ello más allá de lo expresado en uno de los decretos presidenciales.

 
Sería una diferencia muy grande…
Si, 30 días es hoy el plazo de vigencia, así uno use un peso o casi el total. La idea de las telefónicas es que todos los meses los usuarios tengan que comprar sí o sí una tarjeta. Creemos que afecta seriamente los intereses de los usuarios y además no es una medida habitual ni en Latinoamérica ni en el resto del mundo. En ese aspecto estamos atrasados y queremos adecuarnos. Además es justo que se pueda usar lo que se paga con una amplitud de tiempo razonable.-

 
¿Cómo es la situación con las antenas?
Es un tema que lo estamos debatiendo fuertemente. Hemos tenido noticias que la Federación Argentina de Municipios el ENACOM les está mandando un modelo de ordenanza sobre características técnicas y legales sobre la ubicación e instalación de antenas para la prestación del servicio de telefonía móvil, que no compartimos porque avanza sobre las autonomías municipales. Nosotros hemos dictaminado un proyecto de ley, que todavía no ha sido tratado por el plenario, donde establecemos un mecanismo de medición de las radiaciones no ionizantes en forma continua, producidas por las antenas, y que es el punto medular en que se basan los municipios para cuestionar y no aprobar el emplazamiento de antenas para ser utilizadas en la prestación del servicio de telefonía móvil. Ese dictamen fue consensuado entre las empresas prestatarias del servicio y las organizaciones de protección del medio ambiente. Lo que va a permitir que todos los municipios puedan controlar el nivel de emisión en cada lugar con aparatos móviles mientras que en cada antena se realizarán mediciones fijas permanentes, todo ello para proteger la salud de la población.

 
Y sobre la instalación de las antenas…
Hay un proyecto de mi autoría donde establecemos mecanismos y criterios técnicos y legales de ubicación y emplazamiento de las antenas utilizadas para la prestación del servicio de telefonía móvil, pero donde, sobre todo, incorporamos la obligatoriedad de bajar los niveles de radiación que producen las ondas electromagnéticas implicadas en la prestación del servicio de telefonía móvil. Argentina está dentro de los países que mayor emisión permiten, lo que afecta seriamente la salud de la población. Estamos requiriendo un cambio de equipamiento tecnológico que en Europa ya se está utilizando, que persigue justamente bajar los índices de radiación. Ello resulta necesario porque la Organización Mundial de la Salud ya está dictaminando que las ondas electromagnéticas actuales son cancerígenas en niveles elevados de emisión como los que hoy tenemos en la Argentina.

 
¿Qué aspectos se ven reflejados en la temática de la instalación de antenas?
Nosotros lo que queremos es que los celulares funciones, pero por sobre todo que ello, lo sea bajo parámetros de protección de la salud. Hoy se puede lograr, hace un tiempo era más difícil pero hoy la tecnología avanzó y se pueden compatibilizar los valores en juego derecho a la comunicación y protección de la salud. Hay que cambiar cableados y antenas, que no son más esas grandes estructuras que uno veía en los pueblos. Esto también soluciona un tema que hoy en la soledad deben enfrentar los municipios, que por el principio precautorio de la ley de Presupuestos Mínimos de Protección del Medio Ambiente, no permiten instalaciones.

 

¿Cómo fue la negociación con las compañías de telefonías móviles?
Ha sido una tarea de docencia. Debo decir que al principio no parecían muy abiertas a esto. Pero de a poco, tras sucesivas reuniones fui viendo mayores niveles de colaboración. Creo que vamos a tener buenos resultados, quizás no del todo el esperado pero sí que nos permita llegar a un punto intermedio. Las operadoras ya entienden que están cercadas jurídicamente por los municipios y que no pueden contra las potestades constitucionales de los municipios. En función de eso, y fruto del debate e intercambio de opiniones hemos ido avanzando en propuestas técnicas y de control que permita que los celulares funcionen y a su vez se proteja la salud de los vecinos.

 
Hay un proyecto suyo que se ha destacado por su carácter inusual, ¿En qué consiste esta propuesta de un Defensor Público en las redes sociales?
Es un proyecto por el cual nos visitaron, por ejemplo, los representantes de Google y Facebook en Argentina. Desde Google nos dijeron “que es un proyecto innovador en el mundo”, lo recibí como un halago a pesar de que genera criticas la iniciativa por esta idea de libertad de expresión absoluta y extrema que hay en algunos cultores de las redes sociales. Hoy los ciudadanos nos encontramos en un estado de vulnerabilidad en las redes sociales. Estas no son en sí mismas ni buenas ni malas: el problema es el uso que le damos. En ese esquema, es donde se las ha utilizado para la comisión de delitos, para difamar personas. Hoy no tenemos una herramienta jurídica que pueda permitir una reaccionar rápida ante una publicación que afecte a las personas en sus derechos humanos, ni menos aun cuando hay intereses superiores en juego como es la pornografía infantil, la incitación a la violencia o al terrorismo. Ellos alegan tener regímenes de auto-regulación, pero lo cierto es que el ciudadano común no llega a los abogados de Facebook o de Google para que las medidas se tomen rápidamente. En términos de Internet, los minutos corren y la información es distribuida masivamente por todo el mundo provocando, muchas veces, daños irreparables e irreversibles, que incluso a muchas personas le ha costado hasta la vida. Este defensor actúa en forma preventiva rápidamente, en un trámite sumarísimo, una vez que se verifica que la denuncia es cierta y genera a prima face daño, el funcionario tiene la facultad de requerir a los servidores el bloqueo provisorio del dato en cuestión –no la supresión– por 60 días como máximo. Así la persona puede dirigirse al juez competente para que analice si es pasible de una supresión el dato. Es decir, no hay censura ni se plantea la supresión.

 
¿Me genera curiosidad saber qué le dijeron los representantes de Google?
Seguiremos hablando, obviamente a ninguno de estos servidores le gusta cuando proponen controlarlo, expresan alguna crítica, pero en el fondo entienden que es una problemática. Vamos a continuar discutiendo con una instancia de consultas con todos los sectores implicados en la Comisión. Con haber generado la discusión, que por lo que me contaron ya ha llegado a organismos internacionales como la OEA, estamos avanzando.

 
¿Hay algún antecedente en el mundo?
No, pero hoy es un tema importante a escala global, basta con ver lo que fue la elección en EEUU con Donald Trump y la acusación de filtraciones informáticas de los rusos. O el caso de Alemania, donde este año hay elecciones y la canciller Ángela Merkel ya advirtió a los ciudadanos sobre el uso de las redes sociales que tengan cuidado con las noticias falsas y está exigiendo a los prestadores del servicio de internet y a las empresas respectivas que adopten medidas sobre el particular. En Alemania se están avanzando en un protocolo para que se señale cuando una información es de dudosa credibilidad. Como así también, se discute si los algoritmos que permiten direccionar publicidades deberían ser públicos. Porque si son usados en las campañas electorales, ellos dicen que debe darse a conocer el algoritmo. Estamos frente a un fenómeno nuevo, el manejo de los datos se ha salido incluso del control de las redes. Alguien va a tener que responder por los daños que produce, los jueces en todas las partes del mundo van a empezar a condenar a estas plataformas por los perjuicios que se producen a los particulares. Las redes sociales cumple un rol importantísimo porque permiten el acceso a un profuso conocimiento, pero también pueden generar una grave daño inigualable en la historia de la humanidad. El Estado y el derecho tienen que tomar medidas para compatibilizar la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos de las personas, ese es el desafío que hoy nos proponemos en la tarea legislativa.