Caminoa y Conde piden que se respete el cupo de inserción laboral de personas con discapacidad
Los legisladores de Cambiemos, Jacqueline Caminoa y Eduardo Conde, trabajaron sobre una normativa que insta a que todos los organismos del Estado en sus tres Poderes cumplan con la integración al ámbito laboral a las personas con discapacidad e idoneidad.
Los organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales, empresas del Estado o con participación mayoritaria Estatal y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, también deberán dar cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 8º de la Ley I Nº 296, con el fin de garantizar la inclusión.
Estipula el proyecto que a través de la Dirección Provincial de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, se realicen los relevamientos correspondientes para que se cumplimente en todos sus términos lo previsto en el Artículo 8º de la Ley I Nº 296.
Artículo 8º -Ley I Nº 296
La Ley fue aprobada por la Legislatura el 4 de octubre del 2005. El artículo prevé que el Estado Provincial entendiéndose por tal los tres Poderes que lo constituyen, sus Organismos Descentralizados o Autárquicos, los Entes Públicos no estatales, las empresas del Estado o con participación Estatal y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos, están obligados a emplear personas con discapacidad con idoneidad para el cargo en proporción no menor al cuatro por ciento (4%) de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados por éstas exclusivamente.
Lo estipulado tiende a una mayor integración de la población con distintas discapacidades al ámbito laboral, considerando siempre la idoneidad de las personas para con el cargo a ocupar. Y debe ser el Estado el primero en cumplir las leyes que impulsa y aprueba por medio del Poder Legislativo.
Expresan los diputados de Cambiemos que si bien la Ley en cuestión fue aprobada hace catorce años, aún no ha sido cumplimentada por la mayoría de los organismos del Estado, incluyendo la Legislatura. Manifiestan que sería aconsejable que el ente estatal correspondiente realice un relevamiento en los tres Poderes para establecer si los cupos previstos en la Ley se encuentran cubiertos por los porcentajes correspondientes.