Carrizo: «Comenzamos a saldar una deuda pendiente con la infancia»
«Quienes integramos la Comisión Bicameral llevamos adelante un verdadero esfuerzo para dotar al país de una herramienta de enorme valor para atender la indefensión y vulnerabilidad de la infancia. En la Cámara de Diputados, 68 postulantes se presentaron al proceso evaluativo porque aspiran a ser designado como Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Trece años representan una gran demora, pero hoy transitamos por un momento muy oportuno para saldar con creces esta deuda que desde el año 2005 pesa sobre nuestro Congreso», con estas palabras, la diputada nacional Soledad Carrizo hacia referencia a lo ocurrido hoy en el Congreso Nacional donde se llevo a cabo el proceso evaluativo para designar al Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La ley 26.061 de Protección integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue sancionada el 28 de septiembre de 2005 con el objetivo de reconfigurar el marco normativo en materia de infancia en nuestro país. Esta norma vino a derogar la ley 10.903 del patronato de menores, fundada en la institucionalización y judicialización de los niños y adolescentes, logrando mover la mirada del estado desde un paternalismo peligrosamente interventor sobre la vida de los menores, hacia un modelo protector y garantista que toma al niño como un sujeto de derechos. Así, el marco normativo vigente desde 2005 propone una atención a la infancia desde la transversalidad del Estado, ocupándose de la elaboración y ejecución de políticas que permitan el resguardo de todos sus derechos: salud, educación, alimentación, vivienda, y protección del núcleo familiar, promoviendo la desjudicializacion y desinstitucionalización como prácticas habituales de la ley derogada.
Sin embargo, el aspecto central de esta ley ha sido la creación de la figura del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; actor estelar de este nuevo paradigma, a cargo de velar por la protección y promoción de sus derechos constitucionales y de la supervisión en clave federal y coordinada con los demás órganos del estado y la sociedad. En este contexto, aparece en escena la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, creada por Ley 26.061 para que sea el propio Congreso de la Nación quien lleve adelante la designación y remoción del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
«Quienes integramos hoy la Comisión Bicameral buscamos enriquecer el trabajo a través de un diálogo permanente con todos los actores vinculados a la infancia y los defensores provinciales. La labor del Defensor de los niños, niñas y adolescentes trae consigo 2 herramientas claves en materia de infancia: la potestad de coordinación y de control. Ambos extremos resultan indisolublemente vinculados: mientras la tarea de coordinación le permite interrelacionar y aunar los esfuerzos desde una perspectiva vertical (desde el gobierno nacional hacia las provincias) y horizontal (entre los 3 poderes del estado); el control funciona como instancia correctiva y preventiva, advirtiendo desvíos ocurridos o por ocurrir en el cumplimiento de los derechos de la infancia», aseguró Carrizo.
«La infancia ocupa hoy un lugar prioritario en la agenda del país, y no sólo el esfuerzo que esta Comisión Bicameral está llevando adelante para dotar por primera vez a nuestro país de la figura de un Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes lo demuestra; la organización del G20 a cargo de Argentina que entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre de este año se desarrollará en Buenos Aires, ha incluido en su agenda de desarrollo la «Inversión en primera infancia», poniendo en resalto que los primeros 1000 días de la vida de un niño son cruciales para el desarrollo mental y físico y que es precisamente el Estado el primer responsable de asegurarlo», concluyó Soledad Carrizo.