Diputados: avanza el debate sobre un tratado internacional contra el ciberdelito
En reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Legislación Penal, presididas por Cornelia Schmidt Liermann y María Gabriela Burgos, respectivamente, se analizaron distintas posiciones de especialistas respecto al proyecto de ley que establece la adhesión de la Argentina a la Convención de Budapest para la lucha contra el ciberdelito.
Marcos Salt, penalista y procesalista, especialista en delitos informáticos y asesor en el ministerio de Justicia, destacó “la importancia de adherir al Convenio de Budapest, debido a que el intercambio de información internacional es fundamental para la investigación de este tipo de delitos”.
En ese sentido, agregó que “de aprobarse el proyecto, ratificado por gran cantidad de países, esa herramienta brindará un marco integral de cooperación en ciberdelito, además de evidencia digital en cualquier proceso penal”.
En otro orden, Enrique Chaparro, secretario de la Fundación Vía Libre, centró su exposición en los reparos que distintas naciones le hacen a la Convención en debate. “No tenemos estadísticas que certifiquen que esta convención haya influido en una mejora sustantiva en la prevención de los delitos de los que se ocupa”, dijo. Y consideró que “el Congreso debería tomarse más tiempo para analizar si tiene sentido adherir a este marco jurídico internacional”.
El Convenio de Budapest, adoptado el 23 de noviembre de 2001, es el primer tratado supranacional sobre delitos informáticos y busca estandarizar las legislaciones nacionales y los protocolos y técnicas de investigación para impulsar la cooperación internacional en temas como las estafas informáticas, la distribución de pornografía infantil, las infracciones vinculadas a la propiedad intelectual y los atentados contra la integridad del sistema.
Cabe recordar que este proyecto cuenta con media sanción del Senado y está próximo a ser tratado en la Cámara baja, luego de un largo proceso de debate que funcionarios de distintos ministerios, organismos nacionales, embajadas y representantes del sector privado, vienen impulsando para realizar un tratamiento integral de esta problemática que afecta la seguridad internacional.