Denuncia penal por subsidio de 80 millones de pesos a “Mujeres Puntanas”
Diputados de Avanzar y Cambiemos hicieron la presentación en la Fiscalía Federal. Integrantes de la cúpula justicialista y del Gobierno provincial fueron acusados por abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, peculado y fraude en perjuicio del Estado Provincial e incumplimiento de la Ley Nacional de Financiamiento de Partidos Políticos.
La denuncia penal es el segundo paso para conocer el destino de 80 millones de pesos extraídos de las arcas provinciales para ser utilizados -de acuerdo a numerosas pruebas- en la campaña política del candidato a senador del Frente Unidad Justicialista Adolfo Rodríguez Saá.
El día miércoles 27 de septiembre el oficialismo y su mayoría (Compromiso Federal y Frente Para la Victoria) rechazó una solicitud sobre tablas exigida por Cambiemos para conocer el destino y uso del dinero público entregado en manos de Vartalitis. El titular de la bancada oficialista -Carmelo Mirábile- demoró 45 segundos en mencionar el tema. En consecuencia el diputado Alejandro Cacace dado el usual blindaje legislativo que otorga impunidad al Ejecutivo en sus maniobras, habló por su bloque en el recinto afirmando que la próxima instancia sería judicial.
La presentación fue realizada contra los protagonistas de la administración sanluiseña en el desvío de millonarios fondos para financiar deliberadamente la campaña de Adolfo Rodríguez Saá. Entre ellos, los hermanos Alberto y Adolfo- también Gisela Vartalitis, esposa de este último- ; el vicegobernador Carlos Ponce; el ministro de Medio Ambiente Sergio Freixes -conocido por el caso de las renuncias anticipadas-; la ministra de Hacienda Natalia Zabala Chacur: el Fiscal de Estado Eduardo Allende y el Contador General de la provincia Daniel Marone.
La fundación desde su origen llevó un camino de éxito administrativo-burocrático muy superior a la media. El 21 de Julio se ponía en marcha frente a una escribanía. El 3 de Agosto tenía personería jurídica. El 1 de Septiembre Vartalitis presentó el proyecto “Mujeres Puntanas” pidiendo una financiación de 80 millones de pesos en 4 carillas y ese mismo día -lejos de un análisis exhaustivo- se firma un Convenio de Cooperación con el Ministerio del Campo provincial. El 8 de Septiembre y por decreto gubernamental fue depositado el dinero solicitado.
Cómo difundieron en las redes sociales con sus propios videos, la institución distribuye insumos a mujeres de la provincia y luego habla Rodríguez Saá intentando captar votos para su campaña electoral. El subsidio otorgado persigue el financiamiento de actividades proselitistas. Estas conductas representan una flagrante violación de las normas electorales nacionales convirtiendo a la causa de competencia federal.
La conclusión textual de la denuncia resume la situación que San Luis vive tras la derrota del Gobierno provincial en las urnas y la desesperación electoral de sus máximos mandatarios.
“Queda entonces absolutamente y a modo de CONCLUSIÓN, que la conducta delictiva desplegada por los denunciado Y QUE SE ENCUENTRA ABSOLUTAMENTE PROBADA, ha sido con el fin de expoliar las arcas del Estado de la Provincia de San Luis, para solventar en exceso abrumador la campaña electoral del Frente de Unidad Justicialista, especialmente en las categorías de Senadores Nacionales, donde dos de los denunciados el actual Senador Nacional Adolfo Rodríguez Saá y su hermano el actual Gobernador de la Provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, SON CANDIDATOS TITULAR Y SUPLENTE RESPECTIVAMENTE.”
“Sólo un análisis de extremo cinismo, podría hacer interpretar que los $ 80.000.000, fueron sacados del tesoro provincial con inusitada velocidad, para dárselos a una fundación de la familia del Gobernador para apoyar el emprendedurismo femenino de la Provincia, cuando a renglón seguido se puede ver como grotescamente se reparten bienes adquiridos con ese dinero en actos de campaña, con una impunidad repugnante.”
Firman la denuncia: Alejandro Cacace, Juan Manuel Rigau, Walter Oio, Fidel Haddad, Elena Pastor, Ingrid Blumencweig y Sergio Guardia. El patrocinio es de los letrados Roberto Pagano y José Capello.