Diputados: Cambiemos convoca a una sesión especial sin incluir las tarifas
Cambiemos convocó a una sesión especial para este miércoles, anticipándose a la oposición, con una agenda propia que no incluye el debate sobre las subas de servicios públicos que obtuvo dictamen esta semana. Esto no implica que la oposición no pueda intentar convocar una sesión especial por tarifas tal cual sucedió las últimas dos semanas.
Tanto el proyecto denominado de «Financiamiento Productivo» como el de Defensa de la Competencia fueron devueltos con cambios por el Senado.
La solicitud de la sesión, dirigida al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, lleva las firmas de los diputados Mario Negri (jefe bloque UCR), Nicolás Massot (jefe bloque PRO), Juan Manuel López (Coalición Cívica), Silvia Lospennato (PRO), Josefina Mendoza (UCR), Gustavo Menna (UCR), Fabio Quetglas (UCR), Miguel Bazze (UCR), Luis Borsani (UCR) y Facundo Suárez Lastra (UCR).
El proyecto de «Financiamiento Productivo» apunta a facilitar el acceso a créditos para las pymes, con la incorporación de las letras hipotecarias, en tanto que contarán con una factura de crédito electrónica de aceptación obligatoria a los 30 días de emitida.
Por otra parte, el proyecto elimina las multas como fuente de ingresos para evitar conflictos de interés, estipulándose que lo recaudado sea destinado al Tesoro nacional.
Además, suprime el artículo 20 de la actual Ley de Mercado de Capitales, el cual fue introducido en 2013 y le otorgaba a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la facultad de designar veedores con poder de veto en los directorios de las empresas.
El proyecto de Financiamiento Productivo, que contaba con media sanción en Diputados fue sancionado este año con modificaciones por el Senado con 54 votos a afirmativos y 10 negativos, por tal motivo, deberá ser ratificado por la Cáamara de Diputados.
El proyecto de Defensa de la Competencia, presentado por el radical Mario Negri, crea la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo descentralizado del Poder Ejecutivo y dentro de ese organismo funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y la Secretaría de Concentraciones Económicas.
El proyecto prohíbe los acuerdos entre competidores, concertación del precio de venta de bienes y servicios y la práctica de «repartir, dividir, distribuir o imponer en forma horizontal zonas o segmentos de mercados, clientes o fuentes de aprovisionamiento», entre otros puntos.