Diputados del PRO buscan crear una comisión que investigue la distribución de los fondos coparticipables
Diputados del PRO presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados para la creación de una comisión que investigue cómo fue la distribución de impuestos federales coparticipables que hizo el gobierno de Alberto Fernández desde el 10 de diciembre de 2019. Esta iniciativa se da a partir del conflicto de poderes ocasionado por el gobierno nacional que primero anunció que no cumpliría con el fallo de la Corte Suprema que ordenó entregarle a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos coparticipables. Luego, el presidente Alberto Fernández anunció que transferirá los fondos, pero el pago será realizado con bonos TX31.
De acuerdo con lo que indica que proyecto, el objetivo de la comisión será “determinar si durante el período bajo análisis el gobierno nacional dio cabal y oportuno cumplimiento a las normas y resoluciones judiciales firmes o ejecutorias en materia de coparticipación federal de impuestos”. Los integrantes de la Comisión podrán proponer e impulsar eventuales reformas de la legislación vigente respecto a la coparticipación federal de impuestos: “La Comisión tendrá un plazo máximo de dos (2) años a contar desde la constitución de la misma, para la producción de sus informes, dictámenes y conclusiones”.
En caso de que se determine que hubo mal desempeño o delitos de acción pública, la Comisión “deberá promover los procesos de remoción o formular las pertinentes denuncias penales, aportando los elementos de prueba recopilados”.
La Comisión estaría formada por 30 legisladores de los distintos bloques parlamentarios según el principio de proporcionalidad y respetando la representación de las minorías. La presidencia correspondería al partido opositor con mayor número de legisladores y tendría como sede la Cámara baja, aunque podría constituirse en cualquier lugar de la República.
Según la oposición, el Gobierno nacional “ha alterado de modo inconstitucional el marco legal vigente en materia de percepción, administración y distribución de recursos coparticipables, con el claro propósito de perjudicar a todas aquellas jurisdicciones que son de un signo político contrario. A partir de actos administrativos y decretos de necesidad y urgencia se ha violentado la justa distribución de recursos entre los sujetos del sistema federal”.
El proyecto lleva las firmas de Cristian Ritondo, jefe de la bancada del PRO, Álvaro González, María Eugenia Vidal, Claudio Poggi, Marcelo Orrego, Graciela Ocaña, Omar De Marchi, Pablo Tonelli, Dina Rezinovsky, Sabrina Ajmechet, Fernando Iglesias, Silvia Lospennato, Laura Rodríguez Machado, Waldo Wolff y María Luján Rey.