El censo y un «viejo debate» que se presenta en el Congreso

Este 18 de mayo se realiza el censo nacional y, si bien en general implica la posibilidad de un relevamiento en términos de personas, hogares y viviendas, en todo el territorio nacional y para este momento determinado,  también es interesante mirarlo desde una perspectiva parlamentaria.

Es que conocer la población a nivel provincia, implicará retomar un debate que adormece en el Congreso Nacional y que deberá acaso ser este 2022 un eje fundamental en la agenda, una discusión que ningún Gobierno (mas allá del color de bandera) se animó a dar.

Se trata ni más ni menos de la integración de la Cámara de Diputados, puesto que las nuevas estadísticas a nivel demográfico de las provincias pondrán en foco la necesidad de reorganizar el recinto.

Veamos, en la actualidad los 257 legisladores que  componen la Cámara Baja (y su distribución territorial) son el fruto del censo llevado a cabo en 1980 (donde había 27,9 millones de habitantes) y las leyes 19.862 y 22.847, donde se establece que cada distrito tendrá 1 diputado cada 161.000 habitantes o fracción superior a 80.500.

En este aspecto, el art. 37 de la Constitución Nacional, dispone que el Congreso Nacional debe fijar la representación con arreglo a cada censo, pudiendo aumentar, pero no disminuir la base de uno por cada treinta y tres mil habitantes, o fracción que no baje de dieciséis mil quinientos.

Pero en la Reforma Constitucional de 1898, la cuestión se modificó. Ahora y sin importar cuál sea el resultado del cálculo del Censo, la ley “regala” 3 diputados a todos los distritos. Además, la ley introdujo otro elemento distorsivo al establecer dos límites mínimos: a) ningún distrito puede tener menos de 5 diputados y b) ningún distrito puede tener menos diputados que los que tenía en el Congreso en 1976 cuando se produjo el golpe militar.

Esto surge como consecuencia de no haber atendido el resultado de los censos de 1869 y 1895, y para evitar críticas a la institución parlamentaria en términos de gastos exagerados y representación numerosa en comparación con otras naciones.

También, como señalara en la sesión del 4 de marzo de 1898 el Convencional Constituyente Informante Ayarrgaray, para “lograr un espíritu tranquilo y prudente que debe siempre inspirar la legislación de una verdadera democracia” (cfr. Convención Nacional de 1898 –Buenos Aires, Compañía Sud americana de Billetes de Banco, 1898-, p. 41).

La actualidad implica una alteración no sólo la base de representación de cada diputado, sino que atenta contra el principio de igualdad del voto y, por lo tanto, afecta también la igualdad entre los habitantes.

Datos. Un diputado por la provincia de Córdoba representa en la actualidad a 183.826 habitantes; mientras que un diputado por la provincia de Santa Cruz representa a 54.792 habitantes. Sin embargo, cuando se trata de decidir en la Cámara el voto de ambos diputados vale lo mismo, aunque uno represente en la práctica a casi 3 veces más de personas. La distorsión en la relación población diputado hoy oscila entre 1 diputado cada 223.215 habitantes en la provincia de Buenos Aires y 1 diputado cada 25.441 en Tierra del Fuego.

Al respecto, la Cámara Nacional Electoral también detecto esta distorsión en 2018 -y recordado en 2020- al considerar que la representación del pueblo en la Cámara de Diputados se encuentra directamente ligada a la densidad poblacional de las provincias y de la Capital Federal, y que la actualización a realizar no es una opción sino un mandato concreto.

Hasta el momento se han realizado (ya en democracia) 3 censos de población. Sin embargo, nunca se ha revisado el número de diputados. El aumento de población de 27,9 millones a 40 millones debería suponer un ajuste.

Una medida interesante puede resultar de aplicar la fórmula de la ley de 1982 sobre la base de los resultados del presente censo de 2022.

Esta solución presenta algunos problemas. En primer lugar la fórmula seguiría siendo inconstitucional en la medida en que distorsiona la relación población-diputado, al aplicar el plus de 3 y los mínimos. El segundo problema se relaciona con el número total de diputados.

En efecto, de aplicarse la fórmula de la ley 22.847 (con base al último Censo por caso) el total de diputados pasaría de 257 a 327.

Por otro lado, si se mantuviera la fórmula hoy vigente ajustada a los resultados del Censo de este año, la provincia de Buenos Aires pasaría a tener 100 diputados, en lugar de los 70 que tiene en la actualidad. Córdoba pasaría de 18 a 24; Santa Fe de 19 a 23; Salta de 7 a 11; Mendoza de 10 a 14 y Tucumán de 9 a 12.

Pero acá no se trata de sumar Diputados, sino de hacer más ecuánime la proporción.

Por otro lado, existe la chance de modificar la ley, volviendo al esquema constitucional de la relación directa entre población y número de diputados por distrito.

Esto implicaría, antes, aumentar el número de habitantes por diputado para evitar elevar el número total de miembros de la Cámara.

En resumen desde los orígenes de la formación de las Provincias Unidas en Sudamérica y, con posterioridad, durante la organización de la Confederación Argentina y de la actual Nación Argentina, el reparto de la representación fue objeto de disputas entre los que pregonaban, bajo una u otra forma, una organización política donde las provincias pudieran controlar la hegemonía que Buenos Aires.

En la actualidad nos encontramos ante un dilema. Por un lado, el reparto actual ha intentado favorecer a las provincias de menor tamaño pero al mismo tiempo ha conservado un privilegio para la Capital Federal, que se beneficia de un poder extraordinario y arbitrario en el Congreso.

Por otro lado, las provincias más pobladas como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza están siendo perjudicadas severamente por la falta de actualización representativa.

Acaro este Censo aflora como una más que interésate oportunidad para que la actual dirigencia política ponga en agenda un debate que, por diferentes motivos e intereses, se viene relegando en cada nueva oportunidad. No sólo ayudaría a bajar el número de representantes (incluso para quienes ven allí un gasto) pero también daría más paridad a las provincias. La historia está “viva”. Dependerá entonces de los dirigentes el querer ser parte de ella o pasar a los libros engrosando la lista de los que “no dieron el debate”.