El Diputado Godoy destacó que el Proyecto de Barrio Populares «es una política pública» (video)
El presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Lucas Godoy (FdT), aseguró hoy que la reforma de la ley 27.453 de barrios populares es una «política pública» que se debe mantener a largo plazo para mejorar la vida de los sectores populares.
Godoy habló como miembro informativo del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto, que prorroga y amplia la ley de barrios populares.
La iniciativa del Poder Ejecutivo tuvo dictamen con un alto consenso político, ya que fue respaldado por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el interbloque Federal, la izquierda y Provincias Unidas, propone además declaración de utilidad pública de 1.176 nuevos barrios.
El diputado dijo este proyecto sancionado en el 2018 «es una política pública que desarrolla a largo plazo y tiende a brindar las soluciones que propone la normativa» que son mejorar las «condiciones dignas y de calidad para los sectores populares».
«La modificación propuesta tiene que ver con ampliar de 4416 barrios a 5687, prorrogar la suspensión de los desalojos por el plazo de 10 años, declarar la emergencia socio sanitaria y ambiental por 2 años e incorporar la perspectiva de género», agregó.
Señaló que de acuerdo al relevamiento que se hizo desde el Estado el «68% de esos barrios no accede a la energía eléctrica, que casi el 90% no accede al agua corriente. Casi el 100% no accede a red cloacal, con todo lo que significa eso para la salud de las familias que allí viven. Y el 99% no accede al servicio de gas natural».
En su discurso, Godoy defendió la prórroga de diez años de la suspensión de los desalojos al señalar que «es el plazo que se determina que dura la declaración de la utilidad pública»
Otro de los puntos del proyecto es que se busca fortalecer el acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los barrios incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Asimismo, apunta a declarar la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.