El FpV dio dictamen al proyecto de protección de acciones del ANSES
El kirchnerismo despachó el proyecto del ejecutivo sin apoyo opositor que a pesar de mostrar una sintonía en cuanto a las generales se centraron en modificaciones especificas. Las intención del oficialismo es votar este mismo miércoles la ley que ya tiene media sanción del Senado.
La oposición cuestionó algunos aspectos de la ley, Martin Losteua (UNEN) sostuvó que la medida le quita flexibilidad al Estado y que esto «es contraproducente y contraindicado con cualquier ejercicio de una cartera”.
Además, aseguró que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES rinde menos que el promedio del mercado: “Nos quedamos anclados en acciones que no quedaron del Estado sino de las AFJP, con decisiones de inversión que fueron muy malas”, justificó.
Por su parte, Claudio Lozano (UP-CABA) se diferenció y ponderó las intenciones de «proteger el patrimonio» y destacó que esta medida podría haber “puesto algún límite en el proceso que se vivió en los noventa y que efectivamente implicó un proceso de vaciamiento patrimonial de la Argentina muy negativo».
Pero criticó el rol de la agencia que se crea y pidió un manejo conjunto de las acciones de los fondos provisionales entre trabajadores, jubilados y representantes del Estado.
El diputado kirchnerista, Juan Carlos Diaz Roig (Formosa), coincidió con la necesidad de avanzar hacia un manejo en conjunto pero argumentó que por la condiciones heredadas desde las privatizaciones «hoy este es el modelo posible y no el ideal».
Kicillof defendió el proyecto
El objetivo del proyecto es que solo sea posible la venta de acciones que posee el Estado Nacional en empresas privadas y que administra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), si cuenta con una autorización expresa de las dos terceras partes del Parlamento.
En su exposición, Kicillof dijo que con esta ley se busca “generar un anticuerpo a la intención de privatizar las acciones de todos los argentinos”, y aclaró que “la venta o enajenación de estas acciones con sus derechos económicos y políticos, aún sean minoritarias, significa lisa y llanamente una privatización”.
Respecto del proyecto, Diego Bossio dijo: “Cuando se toman decisiones que son de interés público tiene que intervenir el Congreso. Lo que estamos haciendo es un fortalecimiento del Estado, fundamentalmente, convocando al Congreso a participar de las decisiones de carácter estratégico”.
La ANPEE será presidida por el Director Ejecutivo de la ANSES y contará, además, con dos miembros del Poder Ejecutivo y dos del Poder Legislativo.
También se creará una Comisión Bicameral de seguimiento, que funcionará igual que la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social.
La cartera de activos del FGS se compone en un 64,2% por títulos públicos nacionales; 12% en proyectos productivos y/o de infraestructura; 11,4% en acciones; 2,6% en fondos comunes de inversión y 2,6% en préstamos a titulares de derecho del SIPA (Tarjeta Argenta), 2,4% en depósitos en bancos, 1,6% en plazos fijos de la cartera, 1,6% en obligaciones negociables, 0,8% en fideicomisos financieros estructurados y 0,6% en títulos emitidos por entes estatales, entre otros.
A través del FGS, la ANSES cuenta con un porcentaje de participación en empresas como Banco Macro, Telecom Argentina, SIDERAR, Grupo Financiero Galicia, BBVA Banco Francés, Pampa Energía, Banco Patagonia, Aluar Aluminio Argentino, Consultatio S.A., Edenor, entre otras.
Sobre el FGS
Los objetivos del Fondo son contribuir al desarrollo sustentable de la economía nacional, preservar los recursos destinados a la Seguridad Social y atenuar el impacto negativo que pudiese tener la evolución de variables económicas y sociales sobre el régimen de Seguridad Social.
En este sentido, rentabilidad, seguridad y transparencia son los tres pilares en los que se basa la estrategia de acción del FGS. No se trata solo de un fondo de inversión, sino de un verdadero reaseguro para las jubilaciones futuras, porque cada operación del FGS contribuye a la generación de empleo, innovación tecnológica y apoyo a las economías regionales, lo que luego vuelve en forma de mayores recursos a la Seguridad Social.