El Gobierno de España se equivoca gravemente

Por Jorge Garrido San Román*

Que la actual configuración territorial de España, plasmada en la Constitución de 1978, fue un error colosal, es una verdad que sólo los falangistas denunciamos desde el primer momento, y que sólo en los últimos años, a la vista de los resultados, ha empezado a ser un auténtico clamor popular. El denominado “Estado de las Autonomías” estableció dos sistemas distintos de autonomía, la ordinaria y la “especial” (que en la práctica permite una autonomía casi total en todos los ámbitos), que es la que se reservaba para las que se denominaban como “nacionalidades” (palabra inadecuada que, como extraña solución para no hablar de “naciones”, convertía en sustantivo una palabra que se refiere sólo a la condición o estado de quien forma parte de una nación, que eso y no otra cosa es la “nacionalidad”). Este nefasto “Estado de las Autonomías” sólo ha servido para facilitar a los separatistas la ejecución de sus planes de independencia (“construir nación”, lo llaman ellos), consistentes en acentuar una dinámica centrífuga basada en políticas de adoctrinamiento de los niños en las escuelas y de toda la población mediante el control institucional de los medios de comunicación (tanto de forma directa con los de titularidad pública, como de forma indirecta con los privados –totalmente dependientes de las concesiones del espacio analógico y digital de difusión y de la publicidad institucional–).

Aunque es cierto que los separatistas no tienen la mayoría de los votos en Cataluña, no es menos cierto que se han beneficiado siempre de un sistema electoral que les permite no sólo tener más representatividad de la que les correspondería si el sistema fuera proporcional, sino también tener casi siempre la llave de la gobernabilidad de España, por lo que los partidos mayoritarios los suelen necesitar para gobernar y para aprobar casi todas las leyes, empezando por los Presupuestos Generales del Estado. Esto les ha permitido estar sobre representados en las instituciones y gozar de impunidad cuando vulneraban la ley o incumplían las sentencias judiciales. En Cataluña, por ejemplo, no se puede estudiar en ningún colegio en español (es obligatoria la “inmersión lingüística” en catalán, aunque el niño desconozca ese idioma) ni se puede anunciar un comercio sin incluir el idioma catalán (incluido el cartel exterior del negocio). Esa barbaridad totalitaria en teoría ha sido rectificada en gran medida por los tribunales de Justicia, pero en la práctica las sentencias son sistemáticamente incumplidas sin que el Estado haya impuesto nunca la legalidad a las autoridades separatistas de Cataluña, y ello justamente porque necesitaban sus votos para gobernar. Y así, año tras año, década tras década, se ha llegado a un grado de impunidad de tal nivel que la secesión se puede considerar que ya casi está lograda, aun sin necesidad de haberla declarado.

Hace muchos años que el Gobierno de España debió modificar la Ley Electoral para acabar con esta extorsión inaceptable y que debió aplicar el artículo 155 de la Constitución para obligar a la Generalidad de Cataluña a cumplir la legalidad y respetar el interés general. No lo ha hecho cuando debía hacerlo y, como sucede cuando una enfermedad no se trata a tiempo, ahora pretende aplicar el remedio tarde y mal. ¿Por qué? Pues porque el problema ya no se puede solucionar sólo aplicando el artículo 155 (que sólo permite tomar medidas para obligar a las autoridades de una Comunidad Autónoma a cumplir sus obligaciones y respetar el interés general, dándoles para ello las instrucciones precisas) y ese artículo no faculta en absoluto para destituir a las autoridades autonómicas (sí para sancionarlas si desobedecen) ni para convocar elecciones. Como no se aplicó el artículo 155 cuando había que haberlo hecho, ahora –ya demasiado tarde– se utiliza de forma claramente extralimitada, y todo para evitar pasar a una fase formalmente más contundente, que es lo que realmente ahora la situación precisa: aplicar las medidas drásticas que permite la Ley de Seguridad Nacional, o incluso declarar los estado de Excepción o Sitio.

El Gobierno de España ha decidido adoptar medidas drásticas (solicitando al Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución con un contenido que excede claramente lo que permite dicho artículo) que son más propias de la Ley de Seguridad Nacional o de los estado de Excepción o Sitio, pero utilizando para ello un instrumento formalmente menos drástico… ¿Qué supone esto? En mi opinión esto supone cometer un gravísimo error jurídico y político, ya que la Generalidad de Cataluña ha denunciado la extralimitación del Gobierno y, si no me equivoco, bien podría resultar que el Tribunal Constitucional acabe declarando que esta forma de aplicar el artículo 155 es inconstitucional, de forma que al final en lugar de quedar fuera de la ley los sediciosos que están tratando de independizar Cataluña, quien sea condenado y situado fuera de la Constitución sea precisamente el Gobierno de España… ¡Vivir para ver!

Pero esta no es sino la última torpeza de un Gobierno, el español, que no ha podido hacer las cosas peor: ha permitido durante años que los separatistas violen la ley, no ha sido capaz de explicar a nivel internacional las falsedades e ilegalidades del proceso separatista (incluyendo las imágenes falsas de la supuesta represión policial y los datos también falsos de supuestos heridos), no ha puesto coto al proceso separatista cuándo y cómo era necesario, ha tratado en todo momento de frenar a la mayoría social catalana no separatista para que no se movilizara (“para no crispar”, decían), dando así la falsa impresión a nivel internacional de que la mayoría de los catalanes son separatistas, y, por si todo este cúmulo de torpezas no fuera suficiente, cuando ya el problema le ha desbordado claramente, se decide a solicitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que, como ya no es suficiente, pretende aplicar excediendo claramente lo ese precepto permite… ¿Se pueden hacer las cosas peor?

El Gobierno español durante décadas ha preferido el deshonor a la guerra, y ahora, como era previsible, se encuentra con deshonor y con guerra. Y además no sabe cómo hacer esa guerra e incluso trata de aparentar que las medidas propuestas se pueden aparcar mediante una reforma constitucional que aún dé más armas a los separatistas, reconociendo a Cataluña como nación y como una especie de “Estado Libre Asociado” al Reino de España, (España ya no sería considerada una nación, sino una especie de “Commonwealth Ibérica”), para lo cual parece que ya hay un preacuerdo entre los dos principales partidos españoles, el liberal Partido Popular (PP) que está en el gobierno y el socialdemócrata Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que lidera la oposición. El acuerdo para dicha reforma ya lo han anunciado, aunque el contenido de la misma obviamente no (se conoce sólo por filtraciones).

La verdad es que ante tal cúmulo de errores y torpezas llega un momento en que cuesta trabajo creer que no se hayan acumulado deliberadamente. Esta situación tan trágica debería servir para repensar el Estado Autonómico en el sentido que la mayoría de los españoles demanda (garantizar la unidad nacional y evitar que la autonomía se utilice para fomentar el independentismo), pero todo apunta a que los errores y torpezas se seguirán acumulando y que todo acabará o en un gran conflicto, o, lo más probable, en un pacto vergonzante que ahondará aún más el problema. Todo menos ese sentido común que el pueblo español –incluido el catalán– reclama y que es lo menos común entre la nefasta clase política española. ¡Dios nos ampare!

*Presidente del Sindicato UNT
Vicesecretario General de FEJONS