El Gobierno pondrá más exigencias en la ley de ética pública
La oficina anticorrupción que encabeza Laura Alonso prepara un proyecto que introduce modificaciones a la ley de ética pública para aplicar un mayor control sobre el patrimonio de los funcionarios para evitar conflictos de intereses.
«Es un proyecto basado en la experiencia, para prever situaciones que hoy no están claras. La persona que entre en el Estado deberá asumir costos personales», sostuvo la titular de la OA, Laura Alonso. Las principales novedades recaen sobre la restricción de la actividad privada cuando un funcionario comienza a ejercer en el Estado, como así también la publicación de los bienes de sus parejas y el desprendimiento de acciones y bonos antes de asumir en el cargo.
Con este nuevo proyecto de ley de ética pública, tanto los titulares de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial en todas sus dependencias, la nacional, provincial y municipal, deberán cumplir con estas nuevas pautas, a las que también se propone sumar a los titulares de obras sociales, otro de los puntos controversiales de la iniciativa.
Patrimonio conyugal
Volverán a ser públicos los bienes de los cónyuges, convivientes e hijos menores de edad, para evitar «prestanombres»
Venta de acciones
Los funcionarios deberán desprenderse de acciones y títulos que estén vinculados con su función. Podrán venderlas o ponerlas en un fideicomiso ciego
Bienes de gremialistas
El texto del Gobierno propone que «quienes dirijan cuerpos que administren obras sociales» deberán informar sus bienes
Parientes
El proyecto oficial explicita que «el funcionario no debe designar parientes o amigos en la repartición a su cargo», aunque nada dice respecto de otras áreas del Estado