El Gobierno quiere derogar la Ley de Alquileres por decreto y la oposición estalló: qué dijeron
El Gobierno se parara para anunciar la derogación de la Ley de Alquileres, la polémica medida que llevó a subas de 245% mensuales y generó un problema de oferta en el mercado inmobiliario, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. El expediente consta de cinco pasos, que parten de la “suspensión de la ley Lipovetzky”, tal como se la conoció por ser ese legislador su principal impulsor. El segundo paso es la puesta en vigencia de la ley anterior por un plazo de 180 días y el tercero es “encomendar al Congreso una nueva ley”. Ante esta noticia, la oposición en el Congreso salió al cruce.
«No se coman la curva de la Ley de Alquileres El ejecutivo no puede derogar leyes por decreto y en el congreso todos los diputados de Alberto Fernández y Sergio Massa acaban de votar un dictamen que lejos de derogarla, proponen una ley peor que la actual. La única salida es en las urnas», advirtió el diputado radical, Martín Tetaz.
«La unica alternativa para derogar la ley es que se caiga el dictamen kirchnerista que se aprobó en la comisión (lo que ocurrirá el 10 de diciembre) y logremos ganar con un nuevo dictamen, por eso necesitamos una victoria aplastante sobre el kirchnerismo en las urnas», añadió el diputado nacional.
A su vez, en un extenso hilo de Twitter, el diputado y economista agregó: «Dicho eso, hay que distinguir entre los problemas de la ley de alquileres y los problemas de la inflación. No crean que con 100% de inflación los alquileres van a subir solo 50% porque eso no va a ocurrir, aunque se derogue la ley».
«Si eliminamos Ley de alquileres o vamos a una posición más extrema como la que propuse en 2021 (libertad para que las partes pacten duración del contrato y ajuste), habrá más oferta y en promedio los alquileres serán mas baratos, pero con 100% de inflación no subirán mucho menos. O sea; tal vez un alquiler que hoy cuesta 100.000, sin esta pésima Ley de Alquileres costaría 80.000 o 90.000, pero con esta inflación, en un año aumentaría 100% igual, aunque los aumentos se distribuyan a lo largo del tiempo», describió.
Para finalizar su descargo, sentenció: «La típica respuesta k a esto sería congelar los alquileres. Si eso ocurre, el inquilino que está adentro chocho, pero el que tiene que conseguir algo para alquilar muere sin conseguir nada o le piden un millón de pesos para entrar. Ademas nockean a la construcción».
No se coman la curva de la Ley de Alquileres
El ejecutivo no puede derogar leyes por decreto y en el congreso todos los diputados de @alferdez y @SergioMassa acaban de votar un dictamen que lejos de derogarla, proponen una ley peor que la actual.
La única salida es en las urnas pic.twitter.com/3thcRTV71n— Martin Tetaz (@martintetaz) April 4, 2023
Por otro lado, el diputado nacional de la UCR Julio Cobos es partidario de derogar la ley 27.551, sancionada en junio de 2020, y que el Congreso se otorgue «un tiempo prudencial» para debatir y aprobar una nueva normativa.
Su compañera de bancada Karina Banfi había presentado en 2021 un proyecto en el mismo sentido, que restituía la vigencia de la redacción de los artículos relacionados en el Código Civil y Comercial de la Nación, y que aún conserva estado parlamentario.
Según señaló Cobos en diálogo con la agencia NA, es válido que el Gobierno derogue la ley por decreto de necesidad y urgencia, pero sostuvo que «estando funcionando el Congreso quedaría desprolijo» y «generará ruido».
La diputada de Evolución Radical Carla Carrizo fue mucho más categórica en ese sentido y en declaraciones al periodista Sebastián Hadida (NA) advirtió que de derogar por decreto una ley que «no es de necesidad y urgencia» estaría «violentando la legalidad del país».
La porteña es proclive a retomar el dictamen de minoría opositor firmado el 22 de junio pasado en un plenario de las comisiones de Legislación General y Presupuesto y Hacienda, y entablar una mesa de negociación con el oficialismo para votarlo en la próximo sesión de la Cámara baja prevista para el 19 de junio.
Aquel día, el despacho de la mayoría oficialista juntó 40 firmas y mantiene los tres años de duración de los contratos y la actualización anual del precio del alquiler, mientras que el dictamen opositor cosechó 39 rúbricas y reduce a dos años los contratos, al tiempo que establece una indexación trimestral en base a un índice acordado libremente por las partes. Ninguno de los dos proyectos tienen por sí mismos la suficiente fuerza para garantizar su aprobación en el recinto, por lo que convocar a una sesión a tales efectos supondría «jugar al fleje» y exponerse a pagar un costo político en caso de fracasar.
Pese a ser dictamen de minoría, el proyecto de la «oposición ampliada» (Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y Provincias Unidas) tenía una base mayor de apoyo, pero la alternativa de pedir una sesión conjunta, que en algún momento se barajó, ya no está en el menú por las dificultades de juntar quórum.
«Los dictámenes no convencen ni a propios ni a extraños, y no brindan una solución estructural que tiene que ver con la inflación y la pérdida del poder adquisitivo, que es el tema de fondo», confesó Cobos, explicando en parte el estado de paralización del debate en la Cámara de Diputados.
Ante esta encerrona, y a la vista de la falta de mejoras en la situación del mercado de alquileres desde la sanción de la ley 27.551, en un contexto de altísima inflación y contracción de la oferta, el Gobierno puso las barbas en remojo y comunicará la decisión en los próximos días.
Para Cobos, «lo lógico sería que esto se discutiera por ley y no por DNU», y en ese sentido sugirió que intervenga el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, para «sacar algo más consensuado».
«Sino seguramente va a haber ruido por un DNU», alertó el radical, que defendió su proyecto de derogación por ley.
«Con esta derogación volveríamos a los dos años de duración contratos, y se dejaría librado el mecanismo de actualización de acuerdo a la voluntad de las partes. De esta manera (los legisladores nacionales), podremos tomarnos un tiempo prudencial y necesario para sancionar una nueva ley», indicó a NA.
Y señaló que «mal que mal» la ley anterior, que se basa en el Código Civil y Comercial, «duró más de 30 años y perduró en el tiempo», logrando «superar los vaivenes de la economía argentina como la convertibilidad, la salida de la convertibilidad y períodos de alta inflación».
«Un DNU es una ley pero en momentos en que está funcionando el Congreso, no procede un DNU. Lo que procede es una ley. Si hay voluntad del Gobierno seguramente va a encontrar apoyo en ese sentido», manifestó.
No obstante, Cobos señaló que antes de sancionar una nueva ley, hay que «contemplar qué pasa con los contratos que están vigentes y si se fijará un período de adecuación» a la nueva normativa.
Por su parte, Carla Carrizo rechazó la comunicación política sobre la derogación de la ley, y sostuvo que de concretarse ese paso el Gobierno estaría incurriendo en una «ilegalidad» porque «el Congreso está funcionando».
«No hay ninguna razón para modificar una ley de este tipo por DNU, que no tiene nada que ver con la macroeconomía ni con ninguna cuestión de emergencia», esgrimió la radical.
En tanto, el jefe del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, tomó como dato positivo que «el Gobierno aceptará cambiar la ley de Alquileres» porque «los inquilinos precisan una respuesta urgente».