García Blanco confirmó el rechazo del Gobierno a la boleta única: «es imprudente»

Apenas comenzada la segunda reunión informativa en la Cámara de Diputados en torno a los proyectos que proponen la implementación de la boleta única de papel, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, dejó expresó contundentemente el rechazo del Gobierno al cambio en el instrumento de votación.

Al respecto, la representante del Poder Ejecutivo ante las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda destacó: “Una reforma política no puede hacerse a las apuradas y menos para imponer una agenda. Desde 1983 a la fecha las elecciones nacionales se desarrollan con total normalidad, hay una alta participación electoral, hay alternancia en el gobierno y los resultados nunca fueron judicializados”.

En tal sentido defendió: “El sistema de boletas partidarias ha funcionado de manera eficaz durante todos estos años. Es un sistema imparcial, que se basa en la fiscalización cruzada; ha legitimado a todos los ganadores en todos los niveles y ha dado una pacífica alternancia entre las fuerzas políticas”. Y enfatizó: “No solo es un instrumento de votación, sino que además sirve para la planificación, el reconocimiento y la publicidad de las agrupaciones políticas”

«¿Cuál es el fundamento para cambiar el instrumento de votación? ¿Descartar la ausencia de boletas en los cuartos oscuros?”. Nadie pudo cuantificar cuál es la magnitud del problema”, cuestionó.

Asimismo, la Secretaria de Asuntos Políticos expresó su preocupación manifestando: “me preocupo cuando escucho hablar de irregularidades, porque se pone en cuestión la legitimidad de todos los representantes electos. La posición de que denuncio cuando pierdo y convalido cuando gano no resiste análisis”.

Señaló especialmente que “todas las fuerzas políticas en este país han ganado elecciones siendo oposición y han perdido elecciones siendo gobierno”.

En cuanto al argumento de que la boleta única de papel implica un ahorro de dinero para el Estado, Blanco consideró que “el cambio no garantiza reducción de costos y tampoco hay un diagnóstico sobre la logística que es requerida. No termina con las listas sábanas. La boleta única genera que el votante desconozca la oferta electoral completa al momento de elegir. Otorga mayor exposición a las cabezas de listas, desvaloriza a la agrupación política y personaliza a los candidatos”.

Asimismo, la funcionaria consideró que “las boletas partidarias garantizan información accesible y completa para el electorado. Hoy en día el electorado cuenta con un conocimiento pleno del proceso de votación. La boleta única vulnera el derecho de los electores a conocer acabadamente la oferta electoral”.

También resaltó que comparó que “las boletas partidarias permiten una fiscalización y un escrutinio de votos en forma rápida, mientras que la fiscalización y el conteo en la boleta única lo complejiza y genera confusión al momento del conteo de votos”.

Por otra parte denunció que “la elección presidencial es el momento menos propicio para introducir un cambio al sistema, porque una reforma de esta magnitud crea incertidumbre al momento de elegir la primera magistratura. Es el escenario más complejo que puede haber, y ni hablar en caso de simultaneidad”.

Notoriamente molesta señaló: “me preocupa que se fuerce este tipo de reformas de manera exprés. La última vez que se apuró una reforma electoral fue en el año 2019, cuando se modificó la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos sin análisis previo y, como consecuencia, hoy el sistema electoral de publicidad está judicializado y puede traer un reclamo hacia el Estado exorbitante”.

En ese marco argumentó que “las reformas electorales deben ser meditadas y no por la imposición de soluciones mágicas por sobre problemas inexistentes. Si estamos de acuerdo que no hay un problema de integridad ni de funcionamiento de las elecciones nacionales, si está claro que se trata de un cambio que puede traer efectos no deseados en la legitimidad de origen de las autoridades y la gobernabilidad, entonces ¿piensan honestamente que encarar una reforma de esta magnitud con la urgencia que se ha impuesto al debate tiene sentido? Ante riesgo enorme de perjudicar un sistema electoral que funciona, y en el momento en que se va a elegir quién va a presidir la Nación (en referencia a las elecciones de 2023)”.

Y aseveró: “Desde mi experiencia y mi responsabilidad institucional creo que sería imprudente”.