La diputada nacional  Graciela Ocaña (PRO – Buenos Aires) anunció que pedirá que la Justicia reactive la causa contra el dirigente de Camioneros Hugo Moyano a quien investigan por el pago de 200 millones de pesos entre sus empresas y el sindicato.

“Todo esto lo denuncié en 2009. Hay más empresas todas de la esposa de Moyano que gira fondos de la obra social del sindicato al patrimonio personal de los Moyano. Ojalá la Justicia investigue a fondo” destacó en su cuenta oficial de Twitter en referencia a un informe que la UIF presentó ante el Juez Claudio Bonadío.

En diálogo con Clarín, la legisladora afirmó que insistirá en su objetivo de acorralar al dirigente gremial y se presentará ante la Justicia para ampliar su denuncia por defraudación al sindicato y aseguró que detectó “una maniobra de vaciamiento de la obra social”. En la próxima presentación Ocaña dijo que aportará “nuevos elementos que probarían que la obra social pagó costos muy elevados” en prestaciones y medicamentos, “con el presunto objetivo de sacar fondos de Camioneros” a otras empresas.

En relación al vaciamiento de la obra social,  la diputada expresó en sus redes sociales su indignación por el estado del Sanatorio Antártida que Hugo Moyano inauguró hace unos días pero se encuentra tapiado y sin actividad:

“Está así desde siempre el sanatorio está en construcción desde 2010. El sanatorio sirve para transferir fondos a Ancora SA, empresa de la familia Moyano”.

“Cómo dije, se usan las mutuales para financiar el fútbol y llegar a la condición de la AFA. Recordar que los trabajadores camioneros aportan obligatoriamente de sus sueldos a esta mutual”.

El último informe de la UIF, puntualiza que entre 2010 y 2011, a Aconra, una constructora cuya principal accionista es Valeria Salerno (hija de Liliana Zulet, cónyuge de Moyano), recibió fondos por $220 millones. De ese universo, el organismo analizó una muestra preliminar, de 26 cheques por un monto de $105 millones, y constató que la totalidad fue librada por Camioneros. Según el informe, la modalidad “se habría mantenido hasta la actualidad, atento que entre febrero y julio de 2017 se habrían registrado acreditaciones por $113 millones, de las cuales el 90% correspondería a Camioneros”.

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