Javier Milei se presentó como querellante en la causa por espionaje ilegal K
El candidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, se presentó como querellante en la causa que lo tiene como una de las víctimas de espionaje por parte de Ariel Zanchetta, el ex sargento de la Policía Federal, al que además le detectaron vínculos con un diputado nacional del kirchnerismo y un hombre fuerte de La Cámpora, organización liderada por Máximo Kirchner.
Se trata del ex policía que tuvo vínculos con Fabián “Conu” Rodríguez, actual funcionario de la AFIP y ex Subsecretario de Coordinación de Medios del Gobierno Bonaerense, y con el diputado kirchnerista, Rodolfo Tailhade.
Milei planteó en la presentación, a través del abogado Francisco Oneto: “Vengo a promover criminal querella contra Zanchetta y quienes sean sus cómplices, encubridores o instigadores”.
La presentación se hizo ante el juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, que lleva adelante la causa junto con el fiscal, Gerardo Pollicita, y en la que está mencionado Tailhade, imputado Rodríguez y detenido Zanchetta, con prisión preventiva.
Una de las decisiones que debe tomar el juez es si le concede o no el rol de querellante a Milei y también a su excandidata a gobernadora bonaerense, Carolina Piparo, que hizo este pedido. De ser así se les permitirá formular acusación y tener acceso al expediente, a la par de solicitar medidas de prueba.
Según describió el fiscal en el dictamen de 143 páginas, el acusado se desempeñó durante 25 años como agente de la Policía Federal Argentina (desde el 1988 hasta el 2013). Durante esos años logró formarse en actividades de inteligencia. Incluso estudió en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina y en contrainteligencia en la “Escuela del Cuerpo Federal de Inteligencia de la PFA”.
En 2015 fue designado como policía “inorgánico” en la Secretaría de Inteligencia de la Nación. En ese rol habría ejercido el espionaje a pedido de funcionarios de este organismo. Pero los contactos con políticos del kirchnerismo los hizo cuando ese mismo año pudo entrar a la Cámara de Diputados de la Nación, en la comisión de seguridad, como asesor.
El fiscal explicó: “Las actividades ilícitas desarrolladas por la asociación criminal investigada no se habrían limitado solamente a funcionarios del Poder Judicial, sino que se habría tratado de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como ‘objetivos’ a cientos de personas, como políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros”.