La Comisión Bicameral de Inteligencia presentó a CFK su informe sobre la labor de la dirección de escuchas judiciales
La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia entregó esta tarde en el Senado de la Nación su informe semestral sobre la génesis y la labor que llevó a cabo la denominada Dirección de Asistencia judicial en Delitos complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) que, entre otras tareas, tenía a su cargo el departamento de interceptación de comunicaciones.
Los miembros de la comisión encabezada por el diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, hicieron entrega del escrito -que da cuenta del montaje de una presunta estructura de escuchas ilegales durante el Gobierno de Cambiemos, con la posible participación de sectores de la justicia- en un acto del que participaron la presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández de Kirchner y el presidente de Cámara de Diputados, Sergio Massa.
Estuvieron presentes además de Moreau, el diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade y su par Eduardo Valdés, y los senadores oficialistas, Martín Doñate y Oscar Parrilli, todos miembros de la comisión.
Según anticipó Ámbito, el informe analizó la difusión en medios de comunicación de conversaciones privadas, especialmente las que involucraron a Cristina Fernández de Kirchner y al diputado y extitular de la AFI durante el kirchnerismo, Oscar Parrilli, a quien escucharon durante 209 días.
Pero también las que obtuvo Claudio Bonadio de exfuncionarios detenidos en el penal de Ezeiza (lo que se conoció como “Operativo Puf”) y que, de acuerdo a la cronología y a los elementos de prueba recabados, jamás debió haber obtenido de manos de la Dajudeco.
El informe de la Bicameral compromete al camarista Martín Irurzun, entonces al frente de la Dirección –ya que tuvo el doble rol de juzgados y autoridad- y a Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien estaba a cargo del área operativa.
Al tomar la palabra, Moreau realizó una síntesis de la conformación de la Dajudeco e indicó que el origen de las presuntas irregularidades fue el traspaso de la Oficina de Escuchas de la Procuración General al ámbito de la Corte Suprema, lo que significó «la creación de una policía judicial por la cantidad de misiones que se le adjudican y por la capacidad de tener una mirada panóptica sobre los procesos penales de la Justicia argentina”.
Además, cuestionó que esto no se haya hecho por una ley del Congreso, sino por una acordada de la Corte Suprema. “Se han avasallado las facultades del Congreso”, destacó.
“Al estar conducida esta estructura de policía judicial por jueces penales con jerarquía de camaristas se produjeron situaciones donde quienes producían la prueba, tenían luego la posibilidad de evaluarla”, explicó el diputado.
“Es evidente que aquí se estructuró una oficina que se dedicó a la militancia persecutoria. En un país donde atravesamos circunstancias como el terrorismo de Estado nos preocupa muchísimo que se haya tratado de erigir un terrorismo judicial”, concluyó Moreau.
En tanto, a su turno, Parrilli criticó al Gobierno de Cambiemos al evaluar que si el kirchnerismo hubiese presentado algún proyecto para crear una oficina similar, “hubieran dicho que estábamos creando una gestapo judicial”.
“Esta mal si se hubiera hecho por ley y se hizo por una acordada de la Corte. Pero no fue solo la Corte, fue la Corte junto al Poder Ejecutivo: Macri, Garavano, Arribas, Majdalani y Bullrich”, sentenció.
Por último, el diputado Tailhade recordó al excanciller Héctor Timerman, al cumplirse hoy dos años de su fallecimiento. “Fue una de las víctimas de todo esto”, cerró.
Las conclusiones de la comisión surgieron del análisis de documentos, expedientes y entrevistas a funcionarios y se abordaron desde «una descripción objetiva del rol que tuvo la Dajudeco en los casos que fueron objeto de indebida difusión masiva de conversaciones privadas».