La Comisión de Asuntos constitucionales continuará el debate que paso a cuarto intermedio el miércoles pasado con la convocatoria al diputado Julio De Vido. Mientras que el ex ministro de Planifiación no asistiría, el dictamen sería firmado por Cambiemos, Frente Renovador y aliados y el Bloque Justicialista para tratarlo esta misma semana en el recinto.

El miércoles pasado en una reunión de comisión, presidida por el diputado Pablo Tonelli, se pusieron a consideración varios proyectos para remover al ex ministro de planificación y actual diputado Julio De Vido, de la Cámara baja.

Son cuatro los proyectos presentados, de los cuales tres pertenecen al interbloque cambiemos en los que fundamentan la expulsión basándose en la «inhabilidad moral», según el artículo 66 de la Constitución Nacional.

Tonelli informó que el diputado De Vido fue notificado sobre la realización de la reunión en la que se tratarían aspectos relativos a su remoción. En tal sentido, De Vido no asistió a la reunión y presentó un escrito en el que destaca que las peticiones realizadas son de dudosa legalidad y que es “víctima de una de las persecuciones más sistemáticas, injustas y meticulosamente organizadas”.

Comenzando con el orden del día, la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, presentó su proyecto para solicitar la exclusión del diputado del seno de la Cámara baja por inhabilidad moral, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 66 de Constitución Nacional.

Carrió sostuvo que “la Cámara de Diputados tiene facultades disciplinarias para expulsar a sus miembros. Esta cláusula debe ser usada excepcionalmente. Cuando se pide la exclusión es por el “escándalo moral y el daño que implican sus causas penales, siendo la principal la tragedia de once”.

Por su parte, la diputada del FIT Soledad Sosa consideró que el debate es apresurado “estando a tres semanas de la PASO” y aclaró que el bloque de izquierda no formará parte de este proyecto.

En tanto, Julio Raffo, diputado del monobloque Diálogo y Trabajo, se refirió a su proyecto de resolución y señaló que “la cámara tiene el derecho y el deber de avanzar en la solicitud de informes al poder judicial, para ver qué acto de inmoralidad ha puesto en evidencia el diputado De Vido”. También aclaró a la comisión que “el proyecto de la diputada Carla Carrizo y el mío en el que solicitamos informes al Poder Judicial, no excluyen el proceso de expulsión de De Vido. Trabajemos para las dos cosas, para la exclusión y el desafuero”.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer advirtió que no comparte los fundamentos de la “inhabilidad moral”, pero sí acuerda un debate sobre la representación. “Es la convicción sobre una multiplicidad de conductas irregulares en perjuicio de la administración pública que afecta a esta Cámara de representantes del pueblo”.

El diputado del bloque Unidos por una Nueva Argentina, Juan Brügge, se refirió a las potestades disciplinarias del artículo 66, aclaró que “la exclusión puede incluir otros aspectos, entre ellas las indignidades, por ello la figura debe ser la de exclusión y no la de remoción”.

Diputados del Frente para la Victoria, adelantaron que firmarán un dictamen de rechazo, basados en que el cuerpo no tiene acreditación para sostener con verosimilitud la expulsión de De Vido. Otro aspecto, destacado por la diputada Nilda Garré es que los delitos por los que se lo acusan al ex ministro ocurrieron previo a que sea diputado, y entendió que no cabría su expulsión según el artículo 66. También sostuvo que no se puede realizar esta acción basándose en conductas presuntamente delictivas ya que rige la presunción de inocencia. “Si no respetáramos ello, incurriríamos en una falta internacional”, remarcó.

El jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri manifestó que “los proyectos no se expusieron ahora por la campaña electoral, están presentados hace un año”. Y a su vez, acompañó el procedimiento propuesto por el diputado Juan Brügge, al afirmar que “debemos dar por iniciado el proceso de exclusión por causal de indignidad, notificar el cargo al diputado De Vido hasta el martes que viene”.

Por su parte, el diputado de la UCR, Ricardo Alfonsín, indicó que acompañará el proyecto propuesto por Cambiemos y sostuvo la necesidad de “modificar el consejo de la magistratura, herramienta de la sociedad para asegurarse que la justicia funcione de manera independiente”.

En ese orden, la diputada Carla Carrizo manifestó su apoyo en disidencia y preguntó a modo reflexión: “¿queremos una vía sustentable democrática, queremos prensa o queremos la Constitución?”. Y añadió: “Voy a trabajar en la aplicación del art. 70 ya que la corrupción no es una excepción, ¿estamos dispuestos a hacernos cargo de la corrupción como estructura en el país no para los medios sino para la transparencia?”.

El diputado Guillermo Carmona, del bloque FpV, indicó que “estamos ante la violación del derecho de defensa, en carácter excepcional, rompiendo la Constitución porque se trata del diputado De Vido, y no es aplicable a algo general”.

La vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, declaró que las “actuaciones son nulas de nulidad absoluta” y afirmó que “el escarnio mediático, político y cada tanto judicial, encarado contra el diputado De Vido, se aceitó más fuertemente”. La diputada adelantó que su bloque dejará dictamen de rechazo.

La presidenta del bloque Frente Unidos por una Nueva Argentina, Graciela Camaño, se mostró de acuerdo con el Art 66 sobre la exclusión de un funcionario del cuerpo y propuso que debe tratarse como juicio institucional, “debemos hacerlo con convicción, proponemos formalmente que esto tiene que tener un proceso, no se tiene que privarlo al diputado de derecho a la defensa, tampoco creo que deba ser el camino requerirle a la justicia las causas”.

El diputado de Cambiemos, Fernando Sánchez, también respondió a los cuestionamientos relacionados a la discusión de desafuero en tiempo electoral e indicó que “no hay prejuzgamiento judicial. Están dadas las garantías de la Constitución, tenemos responsabilidad político-institucional”. Y remarcó: “No tengo dudas de que este artículo (66) es la vía, tenemos la obligación institucional”.