La Comisión de Juicio Político continúa con el proceso a la Corte Suprema de Justicia
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se reúne para avanzar en la investigación respecto a las irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Es en el marco del juicio político que se sigue a la Corte Suprema.
Luego de escuchar los testimonios sobre el fallo de la Corte Suprema de aplicación del 2×1 a represores condenados por delitos de lesa humanidad, la comisión que preside Carolina Gaillard, del Frente de Todos, se reunirá para avanzar en el estudio de las causas relacionadas a presuntas irregularidades en la Obra Social de Poder Judicial de la Nación (Ospjn).
Asimismo, citaron al ex director de la obra social, Aldo Toñon, hombre de confianza del juez de la Corte Juan Carlos Maqueda; a la contadora Melisa Solana (Ospjn); la médica legista y perito de la Corte María Cristina Interlandi; el contador Gustavo Montanini (docente de la UBA) y los trabajadores de la obra social Laura Coulin y Liliana de Brito.
Cabe mencionar que la Ospjn presta servicios de salud al personal de los tribunales federales y nacionales de todo el país, y depende funcional y administrativamente de la Corte Suprema de Justicia.
Las denuncias en cuanto a las irregularidades en la administración y gestión de la obra social del Poder Judicial alcanza a todos los integrantes de la Corte, ya sea por la comisión de delitos, según las investigaciones judiciales penales en curso, o por mal desempeño de sus funciones.
En tanto, la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, que integra la Comisión de Juicio Político, aseguró que “esa comisión directiva de esas autoridades sindicales ya estaría presa, enjuiciada y se hubiera enterado toda la Argentina, pero cuando son ellos cuatro, cuando son el Poder Real, no hay una noticia en ningún diario«. Además, la legisladora se manifestó en contra de la “proscripción y la persecución judicial” a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Por su parte, entre las hipótesis sobre las que trabajará la comisión, se buscará comprobar si se incurrió en irregularidad manifiesta al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y si a consecuencia de la no designación de esas personas se incumplió con la habilitación estatutaria que habilitaba la delegación de firma. También, se investigará una presunta ausencia de previsión presupuestaria y se buscará avanzar sobre «groseras» irregularidades en la registración contable, como así también un «incumplimiento sistemático y deliberado de las funciones de control y de administración indelegables a la capacidad de administración y control«.
La Comisión también tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentara Elisa Carrió contra Lorenzetti por «mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social«, y su «incidencia» ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.
Además, se investigan denuncias sobre autorización de tratamientos a personas cercanas a la conducción, mientras se le denegaba el mismo tratamiento a muchísimos afiliados y la numerosa cantidad de juicios por mala praxis, así como faltantes de medicamentos y el desplazamiento de prestadores que reclamaban pagos, con el consecuente perjuicio para los afiliados que se estaban tratando con esos prestadores.