La Ley de Acceso a la Información Pública y sus vaivenes
Es la información el ítem que permite que se ajuste la discrecionalidad en las decisiones, el que elimina o reduce el margen de imprevisibilidad en las variables y hasta incluso es la información, la que justifica el pensamiento racional, con el que el hombre actúa. Es la información un botín preciado, que en una compañía por ejemplo puede hacer ganar o perder negocios completos, con su solo conocimiento o en un caso judicial, determina culpabilidad o inocencia. Sin embargo, en el ámbito público, en democracia, la información al ciudadano no sólo es escasa, discrecional y por expreso pedido a las autoridades sino que además no está legislada.
En el año 1980, en el marco de UNESCO se presenta el Informe Mc Bride, muy reconocido en el ámbito del derecho a la comunicación, por advertir ante los países un diagnóstico global respecto de las desigualdades en materia de información y comunicación que existían por ese entonces. De la evaluación previa participó como miembro de la comisión redactora, entre otras personalidades, Gabriel García Márquez. Ese informe denunció que la información era tratada por los Estados como una mercancía y no como un bien social. De su publicación pasaron 36 años y da cuenta la importancia de la información, para el desarrollo de las sociedades y de las democracias. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicitó en su informe de 2009 la obligación de máxima divulgación: “El principio de máxima divulgación ordena diseñar un régimen jurídico en el cual la transparencia y el derecho de acceso a la información sean la regla general sometida a estrictas y limitadas excepciones”
En nuestro país la Ley de Acceso a la Información Pública sabe lo que es sufrir los vaivenes de la burocracia y la política. El primer intento por aprobar una Ley comenzó en el año 2001, cuando la Oficina Anticorrupción (OA) elaboró un proyecto en el que participaron organizaciones no gubernamentales, periodistas y distintos funcionarios, entre otros. El mismo fue enviado al Congreso de la Nación por el entonces Presidente Eduardo Duhalde en el año 2002. El proyecto se aprobó en Diputados en mayo de 2003 y fue tratado en el Senado un año después, cuando se aprobó con una revisión. Esto provocó que fuera enviado nuevamente a la Cámara baja. Allí, las disidencias entre el oficialismo y la oposición impidieron que se transformase en ley y perdió estado parlamentario en febrero de 2006. De todos modos, aunque la ley en este camino descripto no se haya aprobado, en diciembre de 2003 el entonces Presidente Néstor Kirchner, aprobó el Decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública, que permite solicitar información al Poder Ejecutivo y a las instituciones que dependen de él. Pero este decreto exceptúa de su espacio de aplicación a los otros poderes del Estado, el legislativo y el Judicial y tampoco describe cuáles son las temáticas sobre las cuales quedan exceptuados los pedidos, dejando a criterio del funcionario (Responsable de Acceso a la Información Pública) la resolución. Entre los casos más resonantes respecto a la aplición de este decreto se encuentra el de Aerolíneas Argentinas, que fue estatizada en 2008, pero recién en 2013 fueron publicaron los “Informes de Gestión” que arrojaron una pérdida en los 6 años de administración estatal de $18100 millones, casi equiparados en subsidios enviados desde el Ejecutivo: $17786 millones.
Luego del triunfo en las últimas elecciones presidenciales, Cambiemos, reformuló varias de las políticas del Estado. Entre las modificaciones que se proponen para la gestión, se destaca la del Gobierno Abierto, que se lleva a cabo desde el Ministerio de Modernización. El Gobierno Abierto es una de las políticas más exitosas de Barack Obama, siendo incluso el tema principal de su primer memorándum de gestión como Presidente, en 2009. Los ejes de este plan son la transparencia, la colaboración y la participación, y precisamente sobre la primera se centra el Acceso a la información Pública.
En las presentaciones que se realizaron del proyecto de ley, que ayer obtuvo media sanción, se hizo foco en la transparencia que ésta traería a la gestión pública y en la posición frente al mundo en la que nos ubicaría ya que de aprobarse la norma la Argentina saldría del grupo que hoy integra junto a Costa Rica, Cuba y Haití, únicos países de América que todavía no cuentan con una ley de acceso a la información del Estado.
Pero de todas maneras este proyecto también cuenta con sus detractores. Varias organizaciones civiles, como Poder Ciudadano, aseguran que la aprobación de una ley es un gran avance, aunque advierten debilidades en ciertos puntos. Uno de los puntos de referencia en el tema, es la ley modelo elaborada por la OEA. Las organizaciones señalan que se debe “asegurar la idoneidad e independencia del órgano garante, encargado de controlar y hacer cumplir la ley”. En el proyecto presentado por el Gobierno, el director es propuesto por el Poder Ejecutivo, mientras que la OEA recomienda que sean propuestos por el Congreso y que el proceso de nombramiento incluya a la ciudadanía. Otro de los puntos que se advierten es que debería limitarse al mínimo posible las excepciones, para que haya la máxima difusión de información pública: el principio detrás de esta ley debiera ser “el acceso a la información es la regla, y el secreto la excepción.”Además, piden que se establezcan en el proyecto de ley mayores precisiones sobre los mecanismos para solicitar información.
De todos modos, la Ley de Acceso a la Información Pública, ya se encuentra a mitad de camino y la democracia, a su tiempo, culmina sobre sus temas pendientes.
Diego Lapolla
Estudiante de la carrera de Relaciones Públicas
Facultad de Ciencias de la Comunicación
UCES