Vamos al hueso sin prolegómenos. Que al salir, salga cortando…

Allí el CIPPEC señala que los trabajadores públicos representan cerca del 18% de los ocupados de la Argentina. Son cerca de 3,9 millones de trabajadores que se desempeñan en el Estado nacional, provincial o municipal.

Por lo tanto, el peso del empleo público en la Argentina sobre el total de los trabajadores está por debajo del registrado en algunos de los países más desarrollados del mundo.

Mientras en Argentina el empleo público representa al 18% de los trabajadores, en Francia esta proporción llega al 22%, en Canadá al 20% y en Reino Unido al 19%.

En la misma línea, en el promedio de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que reúne a los países más ricos del mundo, esa proporción alcanza al 20 por ciento.

De acuerdo con el CIPPEC, el 81% de los empleados públicos argentinos trabaja en las estructuras estatales de las provincias y municipios y sólo el 19% lo hace en el Estado nacional. Según La Nacion el costo estimado de un empleado público es de $ 31.912 por mes. Hoy el costo del empleo público, según registra la entidad, es aproximadamente de $ 1.452.000 millones por año.

Claro que hay diferencias: el Indec muestra que hay sectores como por ejemplo los bancos nacionales con un costo salarial de $55.624, y otros, como los empleados del sector público municipal con un costo de $12.320, o las universidades nacionales, de $17.696.

Ahora bien. ¿Es éste el verdadero “agujero negro” de la economía Argentina tal y como lo señalan los políticos y economistas del establishment? Como quedó demostrado, si lo medimos en términos porcentuales claramente no. Pero seamos más puntillosos y vamos a compararlo en dinero con lo que cuesta por ejemplo; la deuda externa.

La misma paga unos 32 millones de dólares diarios de intereses y con ellos se podría construir por ejemplo un hospital por día; lo cual lleva a desestimar por falaz y engañosa la tesis que “hay que achicar el Estado”, sino que lo que se debería hacer, es dejar de contraer deuda y revisar la deuda ilegítima (según el Juez Ballesteros en su fallo Olmos) contraída desde 1976 hasta 1983.

 

 

 

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