La Oficina Anticorrupción abrió expediente por el acuerdo entre Gobierno y Correo Argentino
La diputada nacional (MC) y actual titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso confirmó la apertura de un expediente para analizar el acuerdo entre el Estado Nacional y el Correo Argentino en el marco del concurso preventivo, y librará los oficios correspondientes «fundamentalmente para tomar conocimiento del expediente» y pedir «información a los funcionarios involucrados», y luego «hacer el análisis que corresponde y emitir una recomendación o un aporte que pueda solicitar la Justicia quizás en algún momento».
Laura Alonso, anticipó que los equipos legales están analizando los dictámenes de la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, en los que sostiene que lo acordado «equivale a una condonación» de la deuda «y debe considerarse abusiva». Según Alonso, «ella (la fiscal) hace alusión a la ley de ética pública y como la Oficina Anticorrupción es la autoridad de aplicación de la ley de ética pública decidimos abrir una actuación y se empezarán a librar los oficios correspondientes para tomar conocimiento del expediente».
Según declaraciones radiales, Alonso aseguró que «desde la Oficina se leyeron los dos dictámenes de la fiscal y que al observar que la misma hizo alusión a la ley de Ética Pública, la Oficina Anticorrupción abrió una actuación y se empezarán a librar los oficios correspondientes para tomar conocimiento del expediente, hacer los análisis que corresponde”. “Cuando uno trabaja en un organismo como la Oficina Anticorrupción lo que valen son los papeles”, destacó Alonso, quien afirmó que “no tenemos mucho para opinar de lo que diga ni un funcionario del oficialismo ni un diputado de la oposición. Lo que nos importa es analizar el expediente completo y solicitar la colaboración de todos aquellos funcionarios que querramos interrogar“.
Mientras la Oficina Anticorrupción anuncia que actuará al respecto, ya fueron presentadas sendas denuncias penales contra el Presidente, el ministro de Comunicaciones y un funcionario de esa cartera, por presunto fraude a la administración pública, entre otros cargos.