Desde la oposición quieren dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dispuesto por el presidente Mauricio Macri que baja las indemnizaciones por accidentes laborales. Cuando se conoció la noticia, diferentes legisladores de las bancadas opositoras se pronunciaron en rechazo al decreto, pero este jueves se oficializó el pedido de nulidad de ese DNU en el Congreso de la Nación.

Fue el senador y candidato a renovar su banca por el MPN, Guillermo Pereyra, quien presentó en el Senado de la Nación un proyecto de ley que deroga el Decreto 669/19, firmado por el presidente Mauricio Macri, que reduce el monto de las indemnizaciones por accidentes laborales.

En los argumentos expresa que el decreto “significa una reducción significativa del monto indemnizatorio que recibirán los trabajadores en caso de incapacidad definitiva o muerte”, y muestra nuevamente que el Poder Ejecutivo Nacional “gobierna en función del lucro de las empresas -en este caso, de las aseguradoras- y no en función del bienestar de los trabajadores y sus familias”.

El senador neuquino aseguró que se trata de una situación de suma gravedad institucional, donde el Poder Ejecutivo Nacional toma la prerrogativa de legislar del Congreso Nacional a través de un decreto de necesidad y urgencia, “sobre un tema en el que no existe necesidad ni urgencia”.

“El Decreto 669/19 atenta visiblemente contra uno de los derechos fundamentales de los trabajadores que es la indemnización por incapacidad definitiva o muerte del trabajador, reduciendo sensiblemente su monto debido a un reemplazo del índice de actualización del ‘ingreso base’ de los trabajadores; suma que se utiliza para determinar cuánto se le paga al trabajador accidentado en concepto de indemnización”, precisa en los fundamentos.

Al mismo tiempo, en la oposición piensan en voltear el decreto en la comisión de DNU, aunque se trata de una alternativa más compleja.

Más allá de la acción de los legisladores, el decreto de Macri ya está en los tribunales donde hay al menos dos amparos que buscan suspender su aplicación.

El primer recurso de amparo lo presentó ante la Cámara de Apelaciones del Trabajo el abogado y juez arbitral Daniel Igolnikov, que cuestionó que el Ejecutivo eluda la discusión en el Congreso y que «invoca una razón de urgencia» pero aplica la retroactividad, entre otros motivos para pedir la suspensión.

Este jueves 03/10, en tanto, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Eduardo Awad, presentó su propio amparo en el que sostiene que el Decreto «es a todas luces inconstitucional ya que no existen circunstancias excepcionales que justifiquen su dictado, mucho menos en una materia ya regulada por una ley».

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