28 de abril de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Lago Escondido: Leopoldo Moreau pidió que la responsabilidad penal llegue «a empresas involucradas»

El diputado del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, planteó que la responsabilidad penal por el viaje a Lago Escondido de jueces, fiscales, empresarios de medios y ex agentes de inteligencia “debe llegar hasta las empresas involucradas”. Asimismo, recordó que la Ley 27.401 fija qué figuras delictivas deberían aplicarse a las personas jurídicas ante hechos como el investigado por el Juzgado Federal de Bariloche.

El diputado marcó a las empresas Telecom, Clarín y Hidden Lake S.A como pasibles de una investigación por los presuntos delitos de “cohecho y tráfico de influencias”.

Moreau marcó a las empresas Telecom, Clarín y Hidden Lake S.A como pasibles de una investigación por los presuntos delitos de “cohecho y tráfico de influencias” a raíz de su participación en la organización de la excursión VIP al sur del país.

Cabe mencionar que la mencionada ley establece el régimen de responsabilidad penal aplicable a las personas jurídicas privadas, sean de capital nacional o extranjero, con o sin participación estatal, y «prevé sanciones que van desde la suspensión de actividades de 2 a 10 años a la quita de beneficios estatales como la publicidad oficial, y las penas se agravan son permisionarias de servicios públicos«, indicó Moreau. También pidió la ampliación de la denuncia en el expediente que lidera la jueza federal subrogante de Bariloche, Silvina Domínguez, y que investigue la posible comisión de los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y aceptación de dádivas«.

El legislador oficialista consideró que tanto el viaje a Lago Escondido como los chats intercambiados por los participantes del mismo “son la confirmación de lo que presumíamos y sabíamos, la existencia de una mafia mediático-judicial que está operando en el país hace muchos años«. Dijo que esa “mafia” cumple “un doble rol”, dado que por un lado “tiene un papel fundamental en la persecución al movimiento popular argentino y sus dirigentes más destacados» y por otro «desde 2019 cumple una tarea relevante en garantizar la impunidad respecto a las irregularidades institucionales y económicas que se cometieron durante el macrismo«.

Según el diputado, el viaje y los chats filtrados de los grupos de Telegram que crearon los participantes del viaje “muestran impúdicamente cómo jueces y fiscales intercambian favores con un Grupo empresario cuyas actividades trascienden los medios de comunicación y abarca un monopolio en materia telefónica, de base de datos, de prestación del servicio de internet y de plataformas«.

En la causa están imputados los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; el fiscal general de CABA, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro; el exagente de la AFI Leonardo Bergroth; el empresario Tomás Reinke y los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo. La causa judicial se inició a partir de la denuncia efectuada el 24 de octubre por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco ante la fiscalía federal de Bariloche que subroga María Cándida Etchepare.

En tanto, y respecto a la labor de la fiscal en la causa, Moreau indicó que “su mejor defensa es actuar con transparencia y sin dejarse presionar» pese a la mención que hicieron de ella en los chats que se difundieron por varios medios, y en el mismo sentido destacó que Etchepare «se negó a cambiar algunos párrafos de la imputación, tal como le sugirió el procurador interino Eduardo Casal, quien la mandó a llamar de inmediato a su oficina en Buenos Aires«.

Por otra parte, cuestionó que durante la cena anual de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional “ni el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, ni el presidente de la Asociación, Marcelo Gallo Tagle, hicieran referencia a este caso, que es el más escandaloso de la historia judicial argentina. Ninguno dijo nada, y no me refiero a los chats sino al viaje en sí mismo, que viola las normas básicas de la magistratura«.

El expediente que tramita en el Juzgado Federal de Bariloche contiene hasta el momento una serie de medidas tendientes a determinar quién o quiénes financiaron la escapada VIP de «los huemules», como se llamaban a sí mismos en los chats los participantes del viaje a Lago Escondido.