Media sanción al Proyecto de Ley que regula la responsabilidad de los Proveedores de Servicios de Internet
El Senado de la Nación dió media sanción al Proyecto de Ley que regula la responsabilidad de los Proveedores de Servicios de Internet por el cuál, en el art. 4º se establece que los mismos “no serán responsables por los contenidos generados por terceros, excepto cuando, habiendo sido debidamente notificados de una orden judicial de remoción o bloqueo, dictada en términos del Art.6 de la presente ley, omitan dar cumplimiento a la misma, en el plazo correspondiente”. También establece en el Art.6 que “toda persona podrá promover una acción de amparo ante juez federal con competencia en su domicilio, con el objeto de solicitar que se retire, bloquee, suspenda y/o inhabilite el acceso a los contenidos específicos” a los que los Proveedores de Servicios de Internet den acceso.
En este contexto, el Senador Nacional Alfredo Luenzo (Chubut Somos Todos) considera que la ley no contempla al usuario que se ve afectado por el contenido generado por terceros e indexado por el intermediario de servicios de internet ya que su única posibilidad es judicializar su caso y esperar que la justicia resuelva, en un proceso que podría demorarse más allá del tiempo prudente.
Existen en el mundo diversos sistemas relacionado con la responsabilidad de intermediarios como el proceso llamado “notice and takedown” (notificación y baja), por el cual los que dicen que son titulares del derecho de autor de un determinado contenido mandan una “notificación” al sitio donde está alojado, o que enlaza y este borra el contenido o el enlace. No hay intervención de la justicia, todo queda en manos de particulares, y el llamado “notice and notice” (notificación y aviso), donde hay una denuncia por parte del afectado al intermediario el cual notifica al generador de contenido sobre el reclamo. Éste puede decir sacarlo o no. Si no lo hace se inicia una acción judicial o administrativa.
Luenzo considera que una figura elegida por el Poder Legislativo como el Defensor del Pueblo, y que podría ser un Defensor Digital que proteja los derechos de los usuarios de internet sin necesidad de recurrir a la justicia, es una instancia que debería haberse considerado y que podría ponerse a consideración en un nuevo proyecto ya que de ninguna manera vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información, principios fundamentales que protege el Senador.