Legisladores mendocinos y funcionarios del gobierno de Mendoza trabajan en un protocolo de cumplimiento obligatorio para las empresas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en el trasporte público. Actualmente, el proyecto se encuentra en comisiones del Senado provincial y buscan que sea tratado a la brevedad en el recinto.

Se reunieron en el Salón Rojo de la Legislatura la diputada Daniela García (UCR) y el senador Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) con la directora de Planificación Estratégica y Proyectos Especiales de la Secretaría de Servicios Públicos, Lía Martínez, y la directora de Género y Diversidad de la provincia, Silvina Anfuso.

El protocolo busca convertirse en una herramienta que permita prevenir el acoso y la violencia en el transporte público. “Creemos que es de mucha importancia ya que implica abordar un tipo de acoso que se da mucho en las mujeres, y el mayor porcentaje de hecho, en el transporte”, sostuvo la diputada García.

En ese sentido agregó que, el objetivo de la reunión fue que, al momento de convertirse en ley, puedan implementarse las capacitaciones a los choferes de las unidades de transporte y articular la puesta en práctica de la normativa.

Por su parte, el senador Mancinelli resaltó se buscan “generar estrategias de prevención y que aquellas usuarias del transporte público puedan hacer valer sus derechos, fundamentalmente denunciar esta situación” y agregó que espera que las personas que utilicen este servicio puedan hacerlo “en plena libertad y con la tranquilidad y comodidad que merecen”.

Al proyecto se incorporaron temas vinculados con dar participación del Ente de Movilidad Provincial (EMOP) ya que “es un ente que recientemente se ha creado para la protección de los derechos de los usuarios”, explicó Martínez.

La funcionaria dijo que, a fin de contar con información detallada sobre hechos de acoso o violencia en el transporte público, se realizarán durante este año una serie de encuentras referidas a la calidad del servicio.

Las mismas incorporarán un módulo con preguntas “para empezar a indagar sobre la inseguridad en el transporte, pero que haya tenido relación más con una situación de acoso o violencia hacia la mujer, y que permita tener un registro sobre esta situación que puede estar aconteciendo en estos servicios”, agregó la funcionaria de Servicios Públicos.

Además resaltó que, al aplicarse el protocolo propuesto, se contaría con “una serie de mecanismos establecidos por el Estado, que sea de cumplimiento obligatorio para las empresas y que permita poder contener estas situaciones. Que quede un registro y que la usuaria esté informada en cómo reportarle al Estado este tipo de situaciones en caso de que las esté viviendo”.

Fuente: El Sol

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