Por Andrés Zottos
Diputado Nacional / Salta
Todos estamos de acuerdo que es obligación del Estado controlar que no existan erogaciones
que impliquen un uso ineficiente o ilegal de los recursos públicos.
No obstante vemos que se aprobó por resolución 268/2018 de la Agencia Nacional de
Discapacidad un procedimiento administrativo complejo para la detección de supuestas
“incompatibilidades” y la posterior quita de asignaciones no contributivas por invalidez.
En pocas palabras, un grupo de burócratas que se dedica a mirar formularios y no realidades
concretas, tomó la decisión de suspender recursos imprescindibles para muchos ciudadanos en
situación de vulnerabilidad y así cometer en forma institucional el delito de abandono de persona.
Eso si, en una mueca de compasión se otorga un plazo de 10 días para que el afectado vaya a
defender sus derechos. Y aquí es cuando la soberbia y la despreocupación se torna asesina,
porque las decisiones que se toman pueden hasta costar vidas.
Cerremos los ojos y veamos esta imagen: personas con grandes imposibilidades de movilidad,
disfunciones incurables, muchas veces en soledad o apenas acompañadas por algún familiar
proveniente de entornos de pobreza extrema; imaginemos que con los papeles que tienen se
suman a las filas largas en las sucursales de ANSES de mi provincia, especialmente en el interior,
bajo el calor terrible del sol, tratando de entender el laberinto de la atención telefónica, y de los
formularios y certificados.
– “Consiga tal formulario y vuelva otro día” (frase habitual en esas oficinas).
Es de una inhumanidad jamás vista en contra de nuestro Pueblo argentino.
Esta medida es otra que se suma a la de privar de medicamentos a los afiliados del PAMI, o
sostener las políticas que permiten que se mueran los niños de enfermedades evitables, o que se
haga nada o muy poco para recuperar a los jóvenes de la oscuridad de la droga, o que cada día
se cuenten por cientos los nuevos desempleados casi ya sin esperanzas de volver a reinsertarse.
Si con todo esto se trata de hacer que la Argentina se incorpore a algún movimiento eugenésico
para reducir la población que resulta una carga para los Estados, habría que ver bien si no es
propicio comenzar a achicar la dotación de lo propios burócratas, que son una carga pesada y
cara, que además comete daños tantas veces irreparables cuando toma decisiones sobre aquello
que más desconoce.
¿Acaso a nadie se le ocurrió enviar una asistente social, o plantear una visita socio ambiental
para determinar en cada caso puntual cómo es que operan y qué alcance tienen esas
“incompatibilidades?
Es que no hay interés en tomar contacto con la realidad. Solamente en quedar a cubierto con la
orden que dio algún funcionario, caiga quien caiga.
Por mi parte y como primera medida adelanto que presentaré un proyecto para evitar esta
aberración jurídica e inconstitucional de abandonar a su suerte a las personas con discapacidad,
y espero que la Cámara me acompañe, antes de que debamos recurrir a una acción colectiva
ante la Justicia.
El transporte en la lapicera del ajuste
El presupuesto 2019 prevé grandes recortes para las transferencias hacia el interior; entre otros
ítems una quita de subsidios al transporte que deberán afrontar las provincias.
Esto afectará especialmente a Salta, donde muchas localidades del interior y cantidad de parajes
no tienen otra opción que contar con empresas que requieren del subsidio por la imposibilidad de
ser rentables. Si esta financiación no se otorga estamos condenando a muchos salteños al
aislamiento absoluto.
El caso es que la provincia de Salta percibirá muchos menos de lo que le corresponde de parte
del Estado Nacional, son unos 2 mil millones de pesos de recorte, y aún con ese escenario se
tendrá que hacer cargo de esos subsidios; pero de esto no se está hablando. Como en tantos
temas dejamos que el futuro nos sorprenda sin estrategias ni soluciones.
¿Cómo va a hacer la gente para viajar a ganarse el sustento, los chicos a estudiar, las personas
enfermas a curar su salud? ¿Cómo van a hacer especialmente los que no tienen la posibilidad de
usar los recursos del Estado para trasladar a sus parientes en helicóptero?.
Hay localidades en las que el colectivo pasa solo dos veces por día, y cantidad de escuelas
rurales que dependen de que las maestras puedan llegar.
Para agregar a este panorama también se pretende quitar el incentivo docente, fondo que
representa una parte importante del salario de los educadores, y en este marco también ya vengo
haciendo presentaciones para evitar esa quita.
Como se puede ver hay por estos días mucho trabajo por hacer en defensa de las personas con
discapacidad, de los trabajadores más vulnerables, de los desempleados, de los jóvenes, y no es
tiempo de que la política esté silenciosa e inmóvil a la hora de reclamar por los derechos de los
ciudadanos a quienes representamos. Es nuestra obligación trabajar para sus prioridades.

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