Nuevo aniversario (octavo) de la desaparición de Nicolasa Mercado
La investigación no avanzó, pero hay versiones que la sitúan en Córdoba como víctima de una red de trata de personas. El gobierno de La Rioja, luchando contra la esclavitud del siglo XXI, promulgó una ley que, en la práctica, avala la oferta sexual
Hoy se cumplieron dos mil novecientos veinte días de la desaparición de Nicolasa Ramona ‘Peli’ Mercado (o setentiunmil ochenta horas u ocho años, pero no interesa el número). Poco se ha hecho por su reaparición, a no ser por manifestaciones de importante convocatoria (pero no tan abundantes como para lograr réditos de marketing político). Su localidad de referencia, Patquía (La Rioja), marcha cada aniversario recordando el acontecimiento.
Cuando Mercado tenía 13 años, caminando en las veredas de la capital riojana, perdió su rastro y la conexión con su familia. Su entorno compartió 2/3 de su vida (pero la fracción se reduce cada día).
La historia de Nicolasa Ramona, de 21 años, o la falta de ella, está íntimamente relacionada -afirman los participantes de la investigación- con una red de esclavitud genital. Acerca del paradero de Mercado, el diputado Julio Martínez (UCR) recuerda “versiones que la vieron en una whiskería en Córdoba, o en el sur, también en Chubut…”, pero sin más precisiones.
Se inició una investigación provincial, primero, y una federal después. Ambas no llegaron lejos. Pero tampoco importa la distancia porque no alcanzaron el resultado esperado: Peli Mercado. La federalización se debió a la Ley Nacional de Prevención y Sanción de la Trata de Personas. En su texto, la norma establece que ese tipo de contravenciones son de carácter nacional y es el Estado argentino quien debe dispensar la justicia. Esa situación federal se debe a que la esclavitud sexual es considerada un delito complejo y que no puede concretarse sin la convivencia con fuerzas provinciales, como pueden ser algún Ejecutivo regional o la policía de la zona.
En sintonía con eso, La Rioja cuenta con una normativa atípica. La Ley Provincial 8166, arguyendo combatir la trata, regula la actividad de prostíbulos bajo el rótulo de “whiskerías, cabarets, golden” (SIC). Establece un control sanitario de los trabajadores en esos establecimientos. El registro consta de datos íntimos de la salud (“enfermedades de transmisión sexual”) de los empleados. La recolección de esos datos, además de ser discriminatoria, supone que los clientes podrían tener determinada transmisión con quienes atiendan… El texto se fundamenta en evitar la transmisión sexual de enfermedades, pero no pretende evitar la transmisión sexual.
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI riojano) ha realizado diversos intentos para derogar esa norma inoperante contra la trata de personas, pero no logró el interés suficiente de los legisladores regionales para efectivizar la nulidad. Conclusión, la 8166 sigue vigente.
El diputado de la UCR, al ser consultado acerca de la conveniencia de la federalización del proceso, señaló a NCN que “las provincias nuestras son feudales, corruptas… Acá no son democracias, son cleptocracias en donde el poder político-económico y la trata y la droga, todo, se mezclan”…
De acuerdo con su compañero de bloque, la diputada nacional Inés Brizuela y Doria aseguró que existe una “indiferencia cómplice del poder político” del gobernador Luis Beder Herrera. Fundamentó la complicidad en la desidia e invisibilidad que el caso ha logrado desde 2005.
Pasaron ocho, pero hace “seis años que la causa está inmovilizada, sin que se dotara a los organismos competentes de los medios suficientes para avanzar en la investigación”. Lo conocido de la triste historia fue recabado durante las primeras instancias. El legislador Martínez ratifica: “Es una causa que lamentablemente no avanzó nada”. Insistió, “nunca ha tenido avance”.
La Mercado es una familia sin amplios recursos financieros, o sin los suficientes para mantener el seguimiento del juicio en los ochos años (que se extienden y continuarán en el tiempo). “Muchas veces –narra la camarista- el abuelo de Peli tenía que poner los fondos para los operativos, o para seguir alguna pista que surgía de la investigación, haciéndolo de su propio bolsillo, siendo una familia humilde con muy escasos recursos”. Martínez sostiene lo mismo: “Nunca (las autoridades) ayudaron siquiera con un pasaje para que puedan ir a ver, o a buscar a su hija” frente a los rumores de posibles paraderos.
Los diputados relataron que “Peli es la Marita Verón de La Rioja. Lamentablemente el gobernador nunca se interesó por el tema. Quizá porque la familia no es mediática o porque no les tiene miedo a que lo dejen en evidencia”.
La falta de asesoramiento legal de los Mercado no es un detalle menor, es una señal clara de tapar el sol con manos poderosas, con manos grandes que ensombrecen, en este caso, el paradero de la -en 2005- adolescente Nicolasa Ramona.
Brizuela y Doria profundiza: “No hay ningún organismo público de la provincia que se haya acercado a su familia para garantizarle asesoramiento o respaldo jurídico. Y ellos, por carecer de los medios económicos, no pueden acceder a un abogado en forma particular”.
Esa indiferencia, entiende la legisladora, es “evidente consecuencia de una cierta complicidad del poder político con la estructura policial para no avanzar en la investigación”. También destacó que “la trata, como el narcotráfico y delitos ambientales, solamente pueden llevarse adelante con la complicidad y la connivencia del poder político”.
Contundentemente, los camaristas afirmaron con dureza que Beder Herrera “no movió un dedo por Peli Mercado. Nunca hicieron nada”. Compararon el caso con el de Marita Verón. En aquella causa, el gobierno riojano colaboró “por dos razones: Porque Susana Trimarco era mediática y los dejaba en evidencia cuando no ayudaban y porque lo de Verón ocurrió con el anterior gobernador (Ángel) Maza”.
Aseveró Martínez, “el tema Peli Mercado nunca les interesó y no hicieron nada”.