Para «controlar» la deuda pública porteña

La diputada porteña, Graciela Ocaña (Confianza Pública) que busca posicionarse como candidata a jefa de Gobierno en 2015, se suma a las críticas sobre la administración del Ejecutivo porteño: “no existe un conocimiento adecuado del total de la deuda de la Ciudad de Buenos Aires”.
Y aclara: “la falta de previsión es llamativa y preocupante; el Ejecutivo no se preocupa en incluir en la ley de presupuesto facultad alguna que le permita endeudarse o, al menos, fijar parámetros de emisión de deuda”.
Según el informe de la Auditoría General de la Ciudad, el gobierno duplicó el año pasado su déficit fiscal, alcanzando los $2.328 millones y elevó un 111%, hasta los $3.106 millones, su déficit financiero, que se mide después del pago de deuda, representando el rojo más alto de los últimos años.
“Compromete el futuro económico de los vecinos de la Ciudad cada vez que se embarca en la emisión de deuda sin que exista control alguno sobre las formas y destino de los mismos”, dijo Ocaña.
De aprobarse, la comisión especial se integrará con “un representante de cada uno de los bloques políticos acreditados y reconocidos por la Legislatura”. Tendrán “un plazo de 10 días” para que el poder Ejecutivo, entes descentralizados y autárquicos de la Ciudad de Buenos Aires, presenten toda la información.
Una de las principales funciones de la comisión serán “realizar un seguimiento de los flujos monetarios en cada empréstito”, que es “analizar y evaluar los procedimientos administrativos de la concertación de la deuda pública, como así también de todos los aspectos legales de la concertación de préstamos externos, emisión de bonos, celebración de contratos de asesoramiento y comisiones”.
También propone una serie de disposiciones para “sugerir o elevar propuestas legislativas en un plan de financiamiento a mediano y largo plazo”.
Finalmente, la comisión especial “solicitará la presencia de ministros y funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, directivos de entes descentralizados y autárquicos. Asimismo, solicitará la opinión técnica de especialistas y requerirá toda información útil a organismos públicos y personas físicas y jurídicas vinculadas contractualmente con el Estado.

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