Petri trabaja en un Proyecto para expulsar rápidamente a los extranjeros que cometen delitos
El Diputado mendocino Luis Petri ultimó junto a su par, Álvaro de Lamadrid , los detalles del Proyecto que busca una reforma de la Ley Migratoria.
“La idea es que todos los extranjeros que cometan delitos rápidamente sean expulsados del país cuando cumplan condena o cuando se defina la suspensión del juicio a prueba” sostuvo el funcionario de Juntos por el Cambio.
Reunido en su oficina del Congreso Nacional entiende que la propuesta carece de una carga de xenofobia: “Planteado en esos términos no debe haber ninguna objeción. Tenemos que avanzar en una legislación que permita que todos los extranjeros que cometan delito sean expulsado cuando cumplan una condena. No hablamos de cuando sean imputados. Y si no tienen condena de ejecución efectiva, cuando se les imponga. Con cualquier tipo de delito porque están violando las condiciones por las que ingresaron al país” argumentó.
Vale recordar que en Marzo de este año, el Gobierno derogó un decreto de la presidencia de Mauricio Macri sobre política migratoria, al entender que esa norma «resulta irreconciliable con la Constitución y el sistema internacional de protección de los derechos humanos», medida que fue respaldada por Amnistía Internacional (AI) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Se trató de la anulación del Decreto 70/2017, que modificó aspectos de la Ley 25.871 que establece el régimen de la política migratoria.
La nueva normativa restituye «la vigencia de las normas modificadas, sustituidas o derogadas por el Decreto 70″ y crea una «Comisión Asesora de Política Migratoria que propondrá medidas no vinculantes relacionadas con la aplicación y actualización de la Ley de Migraciones 25.871».
El DNU de Macri imponía controles más estrictos para evitar que delincuentes extranjeros operen en el país, y que permanezcan en el territorio nacional pese a tener antecedentes penales.
Entre otros puntos la norma establecía que el Ejecutivo podía decidir la expulsión del país por cometer o participar en un delito «doloso» también implica una prohibición de reingreso por un mínimo de 8 años y puede llegar a ser permanente, según el caso.