Pinedo respondió a la imputación: «No tengo relación con la empresa ni mi proyecto beneficia a nadie particular»
El presidente provisional del Senado y senador nacional Federico Pinedo fue imputado por posibles negocios incompatibles con la función pública al impulsar un proyecto de telecomunicaciones en favor de una empresa de la que habría sido el socio-fundador.
«Quiero aclarar que no tengo ninguna vinculación societaria con la empresa Tesacom ni ninguna empresa subsidiaria o asociada a ella, así como tampoco, a través de terceras personas. Esto queda probado en documentación oficial de la Inspección General de Justicia de la Argentina bajo inscripción Nº 6603, Libro 44 de Sociedades por acciones con fecha del 21 de abril de 2009», dijo Pinedo.
Además aclaró que solo participó de dicha empresa “como abogado en su creación en 1996 habiendo tenido una minoritaria participación accionaria entre ese año y 2008 que equivalía a 0,083% de su patrimonio. En ese año, decidí desligarme de dichas acciones no habiendo existido ninguna incompatibilidad ética ni legal por dicha tenencia”. “De ninguna manera, mi actividad como legislador buscó beneficiar a esta firma porque el Proyecto de Ley que presenté relacionado a la regulación del sector de las telecomunicaciones lejos de favorecer a una empresa crea un marco de libre competencia complemente neutral”, determinó.
La jueza federal María Servini de Cubría ya ordenó las primeras medidas de prueba, entre ellas obtener la copia del proyecto de ley y emplazar en 72 horas a la Secretaría de Comunicaciones y a la Inspección General de Justicia para que le remita informes sobre la denuncia.
Entre sus puntos más destacados, el proyecto establece “el libre acceso a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones (…) por parte de los prestadores y usuarios de servicios de telecomunicaciones, de los generadores y receptores de información y de los prestadores y usuarios de servicios de información”.
El texto también reconoce “el principio de la libertad de la prestación por parte de titulares de licencias obtenidas de acuerdo a la normativa vigente, de todo tipo de servicios públicos de telecomunicaciones, incluida la libertad de construcción y operación de sistemas y facilidades”, es decir que se eliminan limitaciones para las empresas del sector.
Uno de los puntos polémicos que establece el proyecto de Pinedo es que “las licencias serán permanentes” y que el ente regulador se limitará en ese caso a “revisar las condiciones de prestación del servicio” cada 5 años, previa consulta a las empresas “y observando el respeto a los derechos adquiridos, el equilibrio económico del contrato y las inversiones realizadas”.
Los licenciatarios estarán obligados, entre otros puntos, a cumplir “un plan mínimo de expansión de los servicios previstos” y a “permitir el libre acceso a sus redes y a los servicios que por ellas presten, en condiciones reglamentarias y no discriminatorias, a los prestadores y usuarios de servicios de telecomunicaciones”.
El artículo 42 también le hace un guiño a las empresas al establecer que “los precios al público o tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones serán fijados libremente por las prestadoras”, a menos que no tenga competencia. En ese caso, los fijará el ente regulador pero las empresas marcarán el piso que recibirá: “No se podrá cobrar al público por un servicio menos que el costo que el mismo tenga para la prestadora”.
Otro punto destacado es que “los licenciatarios estarán obligados a adoptar diseños de arquitectura abierta de red para permitir la interconexión e interoperabilidad de sus redes”. “La interconexión de las redes de los distintos prestadores (…) es obligatoria”, dice el texto, que agrega que también deberán “celebrar acuerdos entre sí para compartir edificios, sistemas, facilidades y equipos”. La interconexión obliga a los licenciatarios a “permitir el acceso de manera desagregada a servicios, capacidad y funciones de sus redes” y cobrar por eso un precio igual para todos los prestadores interesados, sin beneficios para ninguno en particular.
Finalmente, se fija que los integrantes del ente regulador (cinco miembros) serán designados por el Poder Ejecutivo (tres de ellos propuestos por distintas organizaciones) con mandato de cuatro años renovables a otros cuatro, excepto el Presidente que responderá al Ministerio de Comunicaciones y podrá ser removido sin causa.