Promulgaron un convenio de eliminación de violencia en el trabajo y la Ley Yolanda
El Gobierno nacional promulgó este martes la Ley 27.580 que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo; y la Ley Yolanda que establece que los empleados públicos deberán capacitarse en medio ambiente.
Ambas promulgaciones fueron publicadas este martes a la mañana en el Boletín Oficial, a través de los decretos 992/2020 y 993/2020, con la firma del presidente Alberto Fernández.
En rigor, entrará en vigencia en junio de 2021, y alcanza a trabajadores y trabajadoras, cualquiera sea su situación contractual.
El convenio reconoce que las mujeres son las más expuestas a la violencia y al acoso laboral, en particular, quienes se encuentran en situaciones más vulnerables, realizan tareas nocturnas o son migrantes.
¿Qué es?
Es la ley que establece que todos los empleados y empleadas de la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, deben recibir una capacitación obligatoria en materia ambiental.
¿En qué consiste la capacitación?
La Ley Yolanda supone una capacitación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en cambio climático. Algunos de los ejes que incluye son economía circular y gestión de los residuos sólidos urbanos, problemas ambientales, bienes naturales y biodiversidad, eficiencia energética, derecho ambiental e impacto ambiental en las políticas públicas.
¿Por qué “Ley Yolanda”?
La ley conmemora a Yolanda Ortiz, primera secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina y de América Latina, designada durante el gobierno de Juan Domingo Perón en 1973.
¿Por qué es necesaria esta ley?
Porque reafirma el carácter transversal del ambiente, al reconocer su incidencia en todos los niveles de la función pública, subrayando la necesidad de que los tres poderes del Estado nacional diseñen, evalúen e implementen políticas públicas con perspectiva ambiental. Es una apuesta por la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y de un nuevo contrato social de ciudadanía responsable.