25 de mayo de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Proyecto de ley para que la conectividad a internet sea un Derecho Humano y Servicio Universal 

El Diputado Pablo Carro y la Diputada Blanca Osuna, presentaron un proyecto de ley para que el acceso a servicios de conectividad e Internet, en sus modalidades de banda ancha fija, móvil y satelital, se considere como derecho humano y un servicio de carácter universal.

Entre sus fundamentos, el proyecto expresa que «la salida de la Pandemia COVID 19, ha intensificado y priorizado en la agenda del desarrollo sostenible con equidad distributiva y oportunidad para todos y todas, la necesidad de superar las desigualdades estructurales y los problemas fácticos de conectividad y uso de Internet con una mínima calidad de servicio y tarifas justas y razonables
De allí entonces la necesidad de legislar sobre este aspecto fundamental de la vida cotidiana y declararlo un derecho humano universal.
El proyecto, que lleva en total la firma de 29 diputadas y diputados, dispone también la creación del Plan Nacional de Conectividad, a los efectos de coordinar y articular la planificación y ejecución de las distintas políticas y recursos públicos en materia de conectividad digital, con las inversiones de los distintos prestadores  comerciales y sin fines de lucro que brindan servicios de conectividad e Internet, en sus modalidades de banda ancha fija, móvil y satelital en el marco de los principios del Servicio Universal.
El Plan Nacional de Conectividad tendrá como objetivos: garantizar la maximización de la cobertura geográfica, la accesibilidad a toda la población, la inclusión digital y la asequibilidad de paquetes de servicios esenciales determinados por la autoridad de aplicación.
El proyecto de ley contempla también el despliegue de puntos de wi fi de acceso gratuito, de gestión pública o privada, que funcionarán en las oficinas públicas y/o los lugares de interés público a determinar en cada ciudad o localidad del país, y/o en los establecimientos del sistema de educación formal de gestión pública, en sus distintos niveles, modalidades y jurisdicciones, en las bibliotecas públicas, centros culturales, museos, organizaciones sociales y medios de comunicación públicos, universitarios y de gestión social (comunitarios, cooperativos, de pueblos originarios).
En declaraciones realizadas, el diputado Carro justificó el proyecto de ley enfatizando en «la necesidad de contar con un instrumento legal que garantice la posibilidad de acceder a un servicio fundamental en general y con más razón en situación de pandemia para todas y todos, cualquiera sea su situación o condición socio económica

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