¿Qué es el Consejo de la Magistratura y cuál es la pela de «fondo» que tiene con la política?
Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (que obliga a que se tome juramento a los cuatro diputados nacionales designados para representar a la Cámara de Diputados) el Consejo de la Magistratura de la Nación vuelve a estar en la escena política y subyace su pelea de fondo con el Oficialismo.
Por ello en NCN vamos a repasar cuál es la función de este El organismo que administra el Poder Judicial y porqué acapara la atención de la cúpula política.
En principio vale destacar que el Consejo cumple un rol fundamental por ser el organismo que se encarga de promover a los jueces y tomar medidas disciplinarias.
Entre sus funciones principales se encuentra la potestad de administrar el presupuesto del Poder Judicial, pero también de iniciar el proceso para el nombramiento de los jueces nacionales.
Este órgano es el encargado es organizar los concursos para los aspirantes al cargo y elaborar luego una terna con los mejor puntuados. Una vez aprobada por los consejeros, la terna es elevada al Poder Ejecutivo para que el Presidente de la Nación elija a uno y envíe su pliego al Senado para su nombramiento oficial.
Además, este organismo ejerce la facultad disciplinaria sobre los jueces inferiores de la Nación -los que no integran la Corte Suprema- con la capacidad de abrir un proceso de remoción que debe ser luego resuelto por el Jurado de Enjuiciamiento.
El rol del Consejo de la Magistratura es fundamental para el funcionamiento del Poder Judicial
El Consejo está integrado por representantes de los abogados (2), los jueces (3), el sector académico (1), el Poder Ejecutivo (1) y el Poder Legislativo (6 consejeros, tres diputados y tres senadores correspondiendo dos a la mayoría y uno a la primera minoría). Esta integración regía desde 2006 y la Corte dispuso ahora modificarla.
En diciembre pasado, el máximo tribunal declaró inconstitucional la ley que regía al organismo (impulsada por la entonces senadora Cristina Kirchner) por considerar que no se respetó el equilibrio entre los estamentos de los jueces y abogados y el de la política, y ordenó modificarla con una nueva norma y, hasta entonces, volver a la integración anterior a 2006, de 20 miembros.
En consecuencia la Corte nombró a su presidente (Horacio Rosatti) como nueva cabeza del Consejo de la Magistratura. (Recordemos a la pasada que Rosatti fue nombrado por decreto del gobierno de Macri, y fue uno de los artífices de la fallida ley «2×1» de indulto a los genocidas).
La polémica por el Consejo de la Magistratura y la pelea de fondo
La decisión de la Corte Suprema de asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura y poner en funciones a sus nuevos integrantes amenaza la capacidad del Gobierno de influir en la selección de los candidatos a jueces y en los procesos disciplinarios.
La resolución de la Corte es que el Consejo funcione con los consejeros que están y con los nuevos que eligieron los abogados y los jueces, aunque los presidentes del Senado, Cristina Kirchner, y de Diputados, Sergio Massa, demoren la designación de los dos nuevos consejeros.
Esta decisión presenta un escenario adverso para el Gobierno dentro del Consejo porque el pase de la estructura de 13 miembros a la de 20 lo dejaría, en principio, en franca minoría. Más allá de las críticas jurídicas del kirchnerismo a la Corte por su accionar, de fondo se disputa el control del organismo.
Con la estructura de 18 miembros -sin las dos nuevas designaciones del Congreso- el oficialismo quedaría con unos 8 votos mientras que la oposición podría llegar a 9 si Rosatti, enfrentado hoy al Gobierno, votara con ellos.
Y si se completa la integración de 20 consejeros se sumarían un diputado y un senador de Juntos por el Cambio (al menos eso es lo que reclama la oposición), por lo que la cuenta sería todavía más desfavorable para el oficialismo.
En resumen, el kirchnerismo acusa a la oposición de «golpista», mientras Juntos se lanza una vez más a su clásica cruzada por la «división de poderes» y la supuesta independencia de la Justicia.
Lo cierto es que lo que se disputan el gobierno y la oposición es un mayor control de uno u otro bando sobre el funcionamiento de la Justicia. Es sabido que en la Argentina la Justicia hace rato dejó de ser independiente. Acaso sólo lo es de la voluntad popular (es el único Poder del Estado que no elige a sus miembros mediante sufragio universal). Pero no es independiente de los distintos partidos tradicionales que se disputan el control del Estado (el PJ, la UCR, el PRO, CAMBIEMOS y otras variantes).
Como siempre, en el medio de esta “grieta de intereses” aparece el pueblo. Sucede que ni el dominio del PJ ni el dominio del PRO o la UCR sobre la Justicia garantiza que esta sea más favorable a los intereses de “hombre de a pier”, es más siquiera pueden garantizar que sea “más eficiente”. Una vez más, la política juega a mirarse el ombligo y relega el velar por los argentinos y argentinas que siguen padeciendo la indiferencia de quienes deben “gobernar para el pueblo”.