“Queremos acceso a la Información Pública de manera fácil, rápida y eficaz, porque es una herramienta de control ciudadano y un freno a la corrupción”
Así lo manifestó Inés Brizuela y Doria al referirse al proyecto del Bloque Fuerza Cívica Riojana sobre Ley de Acceso a la Información Pública en el ámbito Provincial y Municipal. Con esta normativa, se busca garantizar el principio republicano de la publicidad de los actos de Gobierno y, fundamentalmente, el derecho constitucional del acceso a la información pública básica del que goza todo ciudadano.
La propuesta de la bancada de Fuerza Cívica Riojana tiene como base a la ley Nacional de Acceso a la Información Pública 27.275, que fue aprobada en septiembre de 2016 y que obliga a los tres poderes del Estado, partidos políticos, empresas, gremios, prestadores del estado, entre otros, a responder los pedidos de cualquier ciudadano sin ningún tipo de condicionantes y con celeridad.
La presidenta del Bloque, Inés Brizuela y Doria se refirió al proyecto y señaló que “es fundamental que la provincia se ponga a tono en normativas como ésta, ya que garantizar el acceso real a la información pública básica, permitirá al ciudadano tener mayor control sobre los actos de gobierno, a fines de garantizar la transparencia de la gestión pública y combatir la corrupción”.
La Ley Nacional 27.275 en su artículo 36, invita a las provincias a adherir a la norma, con el objeto de garantizar la igualdad de acceso a la información en todo el territorio nacional, y especifica que el derecho de acceso a la información pública comprende la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información.
El proyecto provincial, además de adherir a la normativa nacional, establece los mecanismos en el ámbito provincial y municipal para tornar operativo el derecho a la información.
¿A quiénes alcanza?
El proyecto elaborado por Fuerza Cívica Riojana obliga a cumplir con la normativa a las Funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial, tanto en el ámbito provincial como municipal; e incluye a organismos estatales autárquicos, empresas con participación estatal, prestadores, cooperativas y entidades que celebrasen convenios con o recibiesen algún beneficio del Estado, Gremios, Universidades, entre otros organismos.
También propone la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública Provincial y Municipal, como órgano de aplicación. Se trata de un ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la Función Ejecutiva. Estará a cargo de tres directores que serán designados por la Función Legislativa, correspondiendo dos la minoría y uno por la mayoría, mediante un procedimiento de selección público, abierto y transparente.
“En provincias como la nuestra, donde la corrupción es la contracara de la pobreza, es fundamental contar con un mecanismo eficaz, sencillo y rápido para que cualquier ciudadano pueda acceder a información pública básica: por ejemplo, conocer la ejecución presupuestaria, hasta ahora el secreto mejor guardado en la administración pública. Necesitamos que quienes gobiernan hace más de 30 años la provincia entiendan que son meros administradores transitorios de la cosa pública, y que no pueden seguir manejándose como si se tratara de su hacienda privada”- resaltó Brizuela y Doria.