Reclaman la reglamentación de la ley de Acceso a la Información Pública
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) le reclamó al Gobierno una «urgente reglamentación» de esa norma, para poder así implementarla, a seis meses de su sanción. Desde el oficialismo aseguraron que la reglamentación «saldrá en los próximos días».
La ADC sostiene que el plazo límite de reglamentación de la ley se cumplió el 29 de diciembre, por lo que «esta demora puede conducir a obstaculizar y/o retrasar la implementación de la ley por parte de los tres poderes del Estado».
Diego de Francesco, coordinador del área de Acceso a la Información Pública, pidió que el Gobierno abra la reglamentación a un proceso de «elaboración participativa de normas, para que la sociedad civil pueda aportar propuestas, a partir de un proyecto concreto de reglamentación».
La Ley establece que sus disposiciones entran en vigencia «al año de su publicación en el Boletín Oficial», que fue el 29 de septiembre de 2016. Pero su falta de reglamentación podría retrasar su aplicación, ya que todavía no se crearon los organismos previstos en la ley, como la Agencia de Acceso a la Información Pública -del Poder Ejecutivo-, ni las respectivas agencias del Congreso, la Justicia, el Consejo de la Magistratura y los ministerios Público Fiscal y Público de la Defensa. Tampoco se creó el Consejo Federal para la Transparencia, que debería monitorear el grado de avance del acceso a la información pública.
En el Gobierno reconocieron la demora, pero señalaron que el plazo se venció a mediados de febrero, pues eran «días hábiles». Y confirmaron que saldrá pronto, «ya que el proyecto está en la Secretaría de Legal y Técnica, donde están analizando los últimos detalles, antes de que el Presidente dicte el Decreto». Y plantearon que hubo «un proceso de participación pública, en el cual la ciudadanía elevó sus propuestas».
La ley aprobada por el Congreso establece que todos los ciudadanos podrán solicitar en forma gratuita información a los tres poderes del Estado; también a las empresas estatales o con participación mayoritaria estatal y concesionarios de servicios públicos. La solicitud deberá ser satisfecha en «un plazo no mayor de 15 días hábiles”, con la posibilidad de ser prorrogada en forma «excepcional por otros quince días”. Ante una eventual falta de respuesta, el solicitante tendrá plazo de hasta 40 días para elevar un reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública.