SANTA CRUZ – Se promulgó parcialmente la ley provincial de discapacidad
El 20 de diciembre pasado -por unanimidad- se convirtió en ley el sistema de promoción y desarrollo integral de personas con discapacidad. Sin grieta, oposición y oficialismo celebraron la labor realizada durante varios meses en la Legislatura, trabajo en el que intervinieron ONGs vinculadas a esta problemática.
De hecho, en esa jornada estuvieron presentes en el recinto la «Fundación TEA Santa Cruz«, «Instituto para Espectro Autista«, «Asociación Ponte en tu lugar«, «ADI San Julián«, equipo técnico de Políticas Públicas de Río Gallegos, «TEA Red Federal«, «Consejo Municipal de Discapacidad«, «Movimiento Social de Discapacidad«, «Centro de Salud Mental«, «CENTA«, entre otros.
Según se indicó al momento de la sanción, se trató de un día histórico al dejar atrás una ley de 1984 que tenía una mirada diferente a las personas con discapacidad. De esta manera, con esta nueva ley se amplían derechos, se otorgan beneficios y obligaciones con acceso integral a la salud, educación, transporte, trabajo y justicia. También se le agrega hasta una mirada con perspectiva de género.
El Poder Ejecutivo promulgó la ley, aunque con varias modificaciones, incluyendo textos alternativos a los artículos reformados. Según se publicó en el Boletín Oficial, en total se vetaron 13 artículos de esa ley, ofreciendo en todos textos alternativos. Sin embargo, aunque son varios los cambios, no se modifica el espíritu de la norma.
Esta iniciativa asume a la persona con discapacidad como sujeto de derechos, dejando atrás la mirada paternalista o de cuidados.
La nueva normativa busca garantizar prestaciones, certificaciones, accesibilidad en materia de infraestructura edilicia y de transporte, acompañamiento técnico y profesional, apoyo socioeconómico, cobertura médica y de tratamientos, acceso a la Educación y a la Justicia.
Entre otros derechos, la ley busca la obligatoriedad de empleo con porcentajes mínimos en el Estado, beneficios a empleadores del sector privado que contraten a personas con discapacidad, reducción de jornada laboral para trabajador o trabajadora con personas con discapacidad a cargo, acceso a la vivienda, entre otros.
Cabe recordar que el proyecto fue autoría del diputado Eloy Echazú, con las modificaciones propuestas al proyecto original impulsadas por las diputadas Laura Hindie y Rocío García (también del Frente de Todos), con el aporte de las asociaciones. Ahora, las reformas al proyecto original introducidas por el Ejecutivo deben volver a la Legislatura, que resolverá si mantiene las mismas o deja el texto como estaba.