La Cámara de Diputados de la provincia rechazó la ley de declaración de emergencias que envió el Ejecutivo. Pasadas las 18, la votación resultó con 30 votos negativos, once positivos y tres abstenciones.

Acto seguido se acordó el tratamiento sobre tablas de la ley Impositiva y se pasó a un cuarto intermedio luego de tres horas debate y ante el ingreso de un escrito proveniente del Ministerio de Economía.

Minutos después se retomó la discusión del paquete tributario que se aprobaría sin cambios, tal como salió de la Cámara de Senadores el viernes pasado.

El proyecto contempla la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural, Urbano y Suburbano, los valores mínimos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, los valores mínimos en igual proporción que el aumento de los rangos del Régimen Tributario Simplificado, el valor unitario de los Módulos Tributarios a los fines del Impuesto de Sellos y las Tasas Retributivas de Servicios de Patente Única sobre Vehículos.

Entre los argumentos que acompañan al mensaje enviado a la Legislatura desde el Poder Ejecutivo se señala que “teniendo en cuenta las dificultades en el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes observada en los últimos años, como consecuencia de la recesión económica y la contracción del ingreso disponible de las familias, se propicia un régimen excepcional de las obligaciones tributarias”.

Asimismo, se indica que “no obstante la situación deficitaria que exhiben las finanzas provinciales, se ha evaluado conveniente para la evolución de la economía provincial y sus sectores productivos establecer para el próximo año los beneficios de la estabilidad fiscal (Ley Nº 13.749), cuyo vencimiento opera el 31 de diciembre del corriente año”.

Finalmente, se aclarar que “esta decisión de no aumentar la presión tributaria global en el actual contexto de desequilibrio fiscal, lleva implícita la necesidad de que los contribuyentes cumplan adecuadamente sus obligaciones y que el estado provincial despliegue una efectiva acción de fiscalización”.

Las cuatro emergencias que planteó Perotti eran en materia de contrataciones; la social, alimentaria y sanitaria; la económica, fiscal y financiera, y en seguridad, que era la más polémica de todas.

Entre los fundamentos que acompañan a la iniciativa enviada por el Ejecutivo, se citan argumentos de una similar remitida por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación y sancionada por éste que se encuentra en trámite de promulgación, para señalar que “la Provincia de Santa Fe no escapa al contexto” del país y que “las dificultades específicas de su Administración que impactan en los medios y recursos con los medios y recursos con los que se cuenta para hacer frente a las demandas que genera la situación de verdadera emergencia”.

Respecto a la emergencia social y alimentaria se sostiene que “se propone un régimen de contracciones que garantice la celeridad de los procedimientos de adquisición de insumos para atender la emergencia, sin desmedro de la legalidad e los mismos; como asimismo la facultad de disponer las modificaciones que resulte necesario introducir a las partidas del próximo Presupuesto”.

En relación con la emergencia sanitaria, “se contempla el reordenamiento de los programas de producción de medicamentos del Laboratorio Industrial Farmacéutico de Sociedad del Estado; la ampliación de las facultades legales en materia de contrataciones de modo de poder atender los requerimientos del sistema de salud pública en la emergencia”.

Por otro lado, se afirma que “para la superación del estado de emergencia, en un contexto de persistentes niveles de alta inflación, se propone una modificación a las normas que establecen los procedimientos de contratación por cuenta y orden del estado provincial. En paralelo, se otorgan al Poder Ejecutivo herramientas económicas y financieras para afrontar los compromisos de la deuda flotante con proveedores y contratistas y, en general, de las distintas obligaciones de la Administración Pública Provincial”.

En cuanto a la emergencia en seguridad, se expresa que se declara por el término de 18 meses “con el objeto de reestructurar y modernizar las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema policial, racionalizar sus recursos humanos, optimizarlos servicios que presta y adquirir recursos materiales necesarios para el sistema policial provincial a los efectos de fortalecerlo”.

Fuente Rosario3

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