27 de abril de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Según Gaillard, «todos los integrantes están garantizando que tendremos quórum”

La presidenta de la comisión de Juicio Político de Diputados, Carolina Gaillard, aseguró que el Frente de Todos tiene garantizado el quórum para comenzar a fin de enero el proceso contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de la acusación por mal desempeño contra el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, y los demás ministros, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz.

La diputada entrerriana minimizó las diferencias con el gobernador Gustavo Bordet, que decidió no respaldar el proceso contra los integrantes de la Corte, y confirmó que los jueces del máximo tribunal serán citados a dar su testimonio.

Asimismo, Carolina Gaillard confirmó que no existe ilegalidad en el uso como prueba acusatoria de los chats entre el ministro de Seguridad porteño, en licencia, Marcelo D’Alessandro, y el vocero de Rosatti, Silvio Robles. Anticipó también que los miembros de la Corte Suprema serán llamados a la comisión a declarar para que ejerzan su derecho de defensa.

Cabe mencionar que Gaillard se enteró de la decisión de llevar la Corte a juicio político, que tomó el presidente Alberto Fernández, a través de los medios de comunicación mientras estaba de vacaciones. Al respecto, planteó que “no me sorprendió que Alberto haya tomado esta determinación. Había que activar algún mecanismo para frenar esta situación que se estaba dando con la intromisión de la Corte en los poderes Ejecutivo y Legislativo”.

Además, consideró que “los chats terminaron de configurar un hecho sobre el cual había sospechas. Existía un fallo arbitrario de la Corte sobre la coparticipación y, en el Consejo de la Magistratura, una extralimitación en sus funciones al resucitar una ley derogada por el Congreso para que Rosatti vuelva a presidirlo. Eran dos hechos que motivaban pensar la posibilidad de un juicio político”.

Los chats echaron luz sobre “la connivencia del Poder Judicial con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que luego termina obteniendo un fallo favorable. Los chats muestran cómo una persona de máxima confianza del presidente de la Corte le recomienda la estrategia para obtener el fallo favorable. Y nos terminan de confirmar que esa sentencia había sido negociada entre el Poder Judicial y el gobierno porteño”, agregó.

Por otra parte, la legisladora del Frente de Todos reveló que no le resultó raro que el gobernador de Entre Ríos, su provincia natal, Gustavo Bordet, haya tomado distancia de la decisión de llevar a juicio político a la Corte: “Gustavo acompañó el recurso que se presentó contra el fallo de coparticipación porque afecta a Entre Ríos como al resto de las provincias. Ahí expresó su disconformidad. Después, algunos gobernadores estuvieron de acuerdo con el juicio político y otros no. Pero lo central es que el Presidente lo impulse, porque era obsceno lo que ocurría”.

Luego, negó una fisura entre los diputados entrerrianos del Frente de todos y Bordet. Remarcó que “nosotros tenemos un rol como legisladores y él otro como gobernador. Gustavo tomó una decisión en su rol, tendrá elementos para tomar una decisión en ese sentido. Los legisladores tenemos la legitimación activa para llevar adelante el juicio político”.

En tanto, respecto a los elementos acusatorios, Gaillard aseguró que todavía no está definido su perfilamiento. Dijo que “alguna prueba se ofrece en los proyectos. Otra se solicita en la medida en que avanza el proceso. Debemos reunir todos los elementos probatorios necesarios. El reglamento establece que se pueden solicitar todos los que se precisen para probar la verdad”.

Cuando finaliza esa etapa, la Comisión citará a los integrantes de la Corte para que puedan ejercer su derecho a defensa. La presentación que envió el Ejecutivo con la firma de algunos gobernadores tiene una distinción clara de responsabilidades. El principal señalado es Rosatti. Maqueda, Lorenzetti y Rozenkrantz tienen un papel secundario en la acusación. A la hora de la colecta de pruebas, esto será sustancial.

Por último, la diputada indicó que “será un proceso lo más abierto, participativo y serio posible. Nuestro objetivo es producir la mayor cantidad de pruebas en el menos tiempo posible. Que haya una acusación contundente a partir de los elementos probatorios. No tenemos plazos específicos que cumplir”.