Cuáles son los proyectos que en 2017 se buscarán tratar para regular los alquileres
En el Congreso Nacional, en las Legislaturas provinciales y en los Concejos Deliberante, una serie de proyectos enfocados en los inquilinos y en las condiciones de alquiler pelean por formar parte del debate sobre una nueva ley de alquileres. Entre los fundamentos de la ley que respecta a las relaciones jurídicas que emergen a raíz de la suscripción de un contrato de locación cuando interviene un corredor inmobiliario, establecen el derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental reconocido en el tercer párrafo del Artículo 14 bis de la Constitución Nacional cuando admite que “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial la ley establecerá: …el acceso a la vivienda digna”.
“Consideramos que es necesario avanzar en una legislación en materia de alquileres, pero no necesariamente en el sentido que lo plasmó el Senado”, sostuvo el presidente de la comisión de Legislación General de Diputados, Daniel Lipovetzky (PRO), quien además será el encargado de dirigir el debate, agregando: “Tenemos que ver cómo hacemos para reunir los consensos para modificar esa media sanción porque consideramos que es necesario proteger a los inquilinos pero también darle seguridad jurídica a los locadores y las inmobiliarias.”
Habrá para su estudio cuatro proyectos de ley que reforman o actualizan la regulación vigente de los contratos de alquiler: la media sanción del Senado y tres iniciativas que fueron presentadas el año pasado por diputadas del Frente para la Victoria y del bloque Libres del Sur.
Ricardo Delgado, subsecretario de Coordinación de la Obra Pública Federal por el Gobierno nacional dijo a la prensa porteña que van a “enviar un proyecto de ley de alquileres al Congreso que promueva las inversiones, no como la que tuvo media sanción».
Las diputadas Juliana Di Tullio y Carolina Gaillard por el FPV proponen que el plazo mínimo del contrato sea de tres años, y que el anticipo y el depósito de garantía no superen el mes de alquiler. Di Tullio, a su vez plantea derogar la prohibición al inquilino de solicitar la reducción del precio del alquiler si el inmueble perdiera luminosidad por construcciones vecinas. También se fijaría un límite a las comisiones y honorarios que cobran las inmobiliarias en los contrato de inmuebles destinados a vivienda que deberá ser igual a un mes de alquiler y compartido entre las partes.
Gaillard da la opción a aquellos locatarios que no cuentan con una garantía inmobiliaria de contratar un seguro de caución para alquilar una vivienda. Además, la entrerriana sugiere que si el inquilino no recibe el monto entregado en concepto de garantía en el plazo de 30 días de concluido el contrato, podrá exigir su cobro triplicado. A su vez, incluye la obligación del propietario de informar la voluntad de renovación o no del contrato con 60 días de anticipación.
El último proyecto vigente que entrará en debate lo presentó la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur. En él se impulsan modificaciones a la Ley de Locaciones Urbanas que contempla la ampliación del plazo de alquiler de dos años a tres para vivienda y a cuatro para el resto, mientras que sólo el inquilino tendría derecho a rescindir el contrato antes de lo fijado. También establece que el propietario no podrá exigir más que una garantía. Además se limitan las comisiones de las inmobiliarias a un mes a cargo del inquilino y un mes del propietario. Y por último, se crea el Servicio Arbitraje Previo en las Relaciones de Locación Urbana, en el ámbito de la Secretaría de Comercio de la Nación para mediar entre las partes.