Por octava vez consecutiva se presentará en el Congreso un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Será en abril y tendrá algunas modificaciones.

____________________________

El año pasado se logró por primera vez en la historia del país que se debatiera en el Congreso un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, y aunque la ley no se logró, ahora la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dio a conocer un nuevo proyecto que será presentado nuevamente en el Congreso en el mes de abril.

El proyecto llevó más de cuatro meses de trabajo y terminó de consensuarse el pasado fin de semana en Córdoba, donde se reunieron 190 representantes de 30 regionales integrantes de la organización sin fines de lucro fundada en 2005.

“En la plenaria nacional se reunieron compañeras de más de 30 regionales. Lo que se decidió fue completar el articulado del nuevo proyecto de ley, ya que no es el mismo que se rechazó en el Senado. Durante el verano la comisión redactora modificó algunos puntos que obviamente tiene como base la iniciativa anterior, que es el aborto voluntario dentro de las primeras 14 semanas”, contó Leticia Corral, referente de la campaña a favor del aborto.

Indicó, asimismo, que una de las novedades es la exigencia para que se implemente la Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas y que se destinen los recursos necesarios para ello.

“En abril comenzaremos con la comisión de cabildeo para la junta de firmas. La verdad es que las expectativas que tenemos son las de siempre: estamos convencidas de que el proyecto va ser ley”, enfatizó.

Semana 14: El proyecto establece como sujeto de derecho a interrumpir el embarazo a las mujeres o cualquier persona gestante y mantiene el derecho de abortar legalmente hasta la semana 14 de gestación. Incorpora que debe realizarse «en un plazo de 5 días corridos a partir de su requerimiento». Bustamante aseguró que «intentamos explicitar los plazos y derechos de cada persona para que no haya a lugar a maniobras dilatorias».

Cobertura de salud: La ILE se debe realizar en forma gratuita en todos los sectores del sistema de salud, en hospitales y centros de salud públicos y con una cobertura del 100 por ciento si tienen obra social, mutual o prepaga. El proyecto propone que la práctica sea incluida en el Plan Médico Obligatorio.

Objeción de conciencia: El nuevo proyecto, al igual que el que se presentó en el 2018, no contempla la negativa de los profesionales médicos a realizar abortos invocando motivos éticos o religiosos. La objeción de conciencia se incorporó el año pasado para la media sanción que salió en diputados, fue parte de la negociación en el Congreso para conseguir más votos. Desde la Campaña aseguraron que no incluyeron esa posibilidad: «Creemos que no se puede denegar derechos en base a consideraciones morales», destacaron.

Penalización: Una de las modificaciones más significativas, fruto del debate que hubo en 2018, fue el no incluir penas para los médicos o profesionales de la salud que realizan la práctica con el consentimiento de la persona gestante, aunque sea por fuera de las causales. «No podemos presentar un proyecto que tenga una penalización, aunque sea baja, porque hablamos de que el aborto existe y ya logramos la despenalización social», aseguró Bustamante.

Niñez y adolescencia: El proyecto dice que si la interrupción voluntaria del embarazo debe practicarse en una persona menor de 13 años de edad se requerirá su consentimiento con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. Si se trata de una persona de entre 13 y 16 años «se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento». «Nuestro Código Cilvil y Comercial dice que los adolescentes pueden realizarse prácticas, no invasivas, sin necesidad de la autorización de los adultos. No inventamos nada lo que hacemos es explicar como sería respecto a la interrupción voluntaria del embarazo».

Educación sexual y asesorías: La Campaña refuerza en el proyecto de ley la garantía de derechos ya adquiridos, como el acceso a la educación sexual integral y a la anticoncepción. Se prevé un acompañamiento que tenga información sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles.

Compartinos: