Bases Republicanas presentó una cautelar en la CIDH por los varados en el exterior
La asociación civil Bases Republicanas presentó hoy una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que el Estado argentino está violando derechos humanos al prohibir y suspender el ingreso de residentes y ciudadanos argentinos desde el exterior sin prestarles ningún tipo de asistencia ni brindarles respuestas concretas.
“Se han vulnerado los derechos humanos de todos los argentinos que están en el exterior por parte del Gobierno ante el abuso provocado a partir de las reformas del régimen normativo vigente en materia de salida y entrada al país de los residentes” afirma el escrito que está dirigido a las autoridades de la CIDH.
Asimismo, las autoridades de Bases Republicanas solicitan que “el Estado argentino adopte las medidas de protección necesarias para garantizar el regreso de todos los ciudadanos que han quedado varados en el exterior a partir del decreto vigente, y se requiera a las autoridades nacionales que restablezca la aplicación del Programa de Asistencia de Argentinos en el Exterior” que fue implementado en el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.
La presidenta de la asociación civil, la abogada Jimena de la Torre, afirmó al respecto que “el Gobierno nacional tiene la obligación de hacer sentir a los varados que son igual de argentinos que todos los que estamos acá”, y agregó que “hay muchas familias que están desesperadas por no tener certezas sobre cuándo podrán volver al país”.
De la Torre sostuvo que “el gobierno tendrá que dar muchas explicaciones sobre la impericia que comete al impedir que miles de compatriotas no tengan información alguna sobre su regreso a casa, y que estén contrayendo deudas que en un futuro les serán impagables”.
Por último, la presidenta de la asociación sostuvo que “esto podría haberse evitado si se implementaban controles serios en los aeropuertos desde un principio”.
La presentación de Bases Republicanas incluye la información personal de 180 personas que han dado su consentimiento para llevar sus casos a la CIDH, en los que se encuentran varados en países como México, Puerto Rico, Estados Unidos, entre otros.