Bianchi: “¿Cómo el pueblo argentino no va a saber de dónde remite esta deuda?”

La diputada Ivana Bianchi (Frente Peronista-San Luis), en el marco del tratamiento que la Cámara baja está otorgando al proyecto del Ejecutivo para reabrir el canje de títulos de deuda pública, puso el foco en la discusión sobre los derechos humanos y la reconstrucción de la democracia tras la última dictadura militar.

Bianchi planteó que es necesaria una auditoría de la deuda externa y citó el caso Olmos en el que se determinó que el mayor porcentaje de los compromisos financieros del país era ilegítimos. De esa forma, subrayó la diputada, se comenzaría a saldar no sólo en materia jurídico política sino también económica las importantes secuelas de la dictadura.

Ese argumento se basa en la noción de ‘deuda odiosa’. Es una teoría jurídica que afirma que la deuda externa de un Gobierno no debe ser pagada si fue contraída y utilizada contra los intereses de sus ciudadanos. En sintonía, la doctrina supone que los organismos financieros no otorgan dinero sin conocer el escenario real donde será colocado. Es así que el cúmulo de esos factores indica que los prestamistas habrían actuado al tanto de la situación y en complicidad con los prestatarios; y por lo tanto los compromisos a nivel nacional resultan legalmente nulos.

Respecto a la aplicación de este concepto existen dos casos puntuales que vienen a colación. Por un lado, fue aludido por el expresidente de Estados Unidos George Bush para desconocer los compromisos contraídos por Saddam Hussein al frente de Irak. En tanto que otra ocasión semejante sucedió en Costa Rica. En 1923 se estableció que el pago de 250 mil dólares que habían sido entregados al mandatario de facto Federico Tinoco Granados por parte del Royal Bank of Canada se había concretado violando la Constitución de ese país. El tribunal, conducido por el juez de la Corte Suprema norteamericana William Taft, evaluó que la deuda no debería ser asumida por la población puesto que Tinoco había vulnerando las leyes de su país al desarrollar esa deuda.

En similares características al contexto argentino del último proceso dictatorial, Taft dictaminó que esa suma de dinero se había utilizado para evitar la implantación de un régimen democrático en contraposición con los intereses del pueblo. En ese sentido, señaló que el marco coyuntural era conocido por el prestamista y entendió que la transacción era entre el Royal BC y Tinoco, desvinculando al pueblo caribeño.

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