Buscando al nuevo del Defensor del Pueblo
Este jueves al mediodía, la Junta de Ética de la Legislatura porteña se reunió para avanzar con el mecanismo para evaluar las postulaciones para cubrir el puesto de Defensor General y cinco Defensores Adjuntos.
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control encabezada por el legislador del Pro Jorge Garayalde se reunió este jueves a las 12 horas en la Legislatura porteña para iniciar el procedimiento de designación del Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y de sus Adjuntos previsto en el artículo 4º de la Ley Nº 3.
Una vez que se cierre del Registro de Postulantes comenzará la reunión en la que empezará a debatir quienes reemplazarán a Alicia Pierini y a sus cinco adjuntos Atilio Alimena, Juan Palmiotti, Gerardo Gómez Coronado, Andrés Elisseche y Graciela Muñiz que hasta fin de año comandarán la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
En total se presentaron 39 candidaturas, de las cuales nueve corresponden a legisladores porteños de seis partidos distintos. El Pro impulsa a los legisladores Oscar Zago y Lidia Saya, el bloque de Buenos Aires para Todos ofreció la postulación de las legisladoras María América González y Laura García Tuñón, por el Frente para la Victoria Alejandro Amor y María Rachid. Por último, Proyecto Sur lleva a Julio Raffo, Nuevo Encuentro a Delia Bisutti y la UCR a Claudio Presman. Todos finalizan sus mandatos en diciembre y algunos, como Zago y Saya, no pueden renovar.
A esta suma hay que agregarle tres ex legisladores que también competirán por ingresar a la Defensoría. Son las ex diputadas Sandra Dosch, que es promovida por la legisladora kirchnerista Claudia Neira, Vilma Ripoll propuesta por el legislador de Nueva Izquierda Alejandro Bodart, y el ex diputado Palmiotti impulsado por el legislador del Pro Oscar Zago.
Los nombres de los postulantes deberán ser publicados por tres días hábiles, en por lo menos tres diarios de amplia circulación, en el Boletín Oficial de la Ciudad, en el emisora radial también de la Ciudad y demás medios a efectos de que los ciudadanos por sí, o a través de organizaciones no gubernamentales, hagan sus propuestas respecto de los postulantes, aceptándose una propuesta por cada persona física o jurídica.