Democratización: Con presencia de ONGs y opositores hubo debate en comisiones

A diferencia de la semana pasada, cuando se logró el dictamen con el oficialismo en soledad de los proyectos que envió la Casa Rosada para reformar la justicia, hoy hubo reunión de comisiones que estuvieron superpobladas.

Además de la presencia del ministro de Justicia Julio Alak, su secretario Julián Álvarez, senadores oficialistas y opositores, estuvieron en el debate distintas organizaciones especializadas en materia jurídica que manifestaron sus perspectivas acerca de la iniciativa que busca establecer el marco regulatorio para las medidas cautelares.

El plenario de las comisiones de Justicia y de Legislación General de la Cámara alta contó con la exposición del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), y el Foro de Estudios Sobre la Administración de Justicia (FORES), Asociación de Abogados Laboralistas.

La cita tuvo lugar en el Salón Azul hoy a la 11. Fue para escuchar las opiniones que esas entidades habían esbozado esta semana en referencia al proyecto que busca implementar un marco de acción para las medidas cautelares.

Bajo la consigna de que el oficialismo no iba a aceptar modificaciones en los textos de los proyectos, el miércoles y jueves pasados el arco opositor se ausentó en lo que fue una maniobra política para deslegitimar la reunión conjunta de comisiones. Sin embargo hoy fueron participantes de la discusión.

La exposición de las organizaciones y la oposición fueron atendidas, pero no se modificó la aprobación que la propuesta de Cristina Fernandez logró en el último plenario. Eso se debe a que el Frente Para la Victoria tiene intención de dar el debate sobre tablas este 18 de abril. Por reglamento de la Cámara, no se puede tratar un proyecto que tuvo dictamen antes de cumplidos los siete días de su sanción. Si hoy se modificaba, aunque fuese un cambio minúsculo, el cuerpo se iba a ver imposibilitado de dar el debate en las bancas hasta la próxima semana.

De todas formas, se escuchó a los distintos organismos y se planteó que las objeciones y comentarios serían tenidos en cuenta para el análisis con el resto de los legisladores. La intención era enriquecer el proceso parlamentario que tendrá lugar mañana pasado con la totalidad de los constituyentes.

El referente del CELS, Horacio Verbitsky, explicó que «la iniciativa del Ejecutivo era una deuda de la democracia argentina, la Justicia necesita de la mirada de la política, que tiene que hacerse cargo del tema. Pero eso no quiere decir que los proyectos nos parezcan perfectos. Hay uno que vemos que tiene visos de inconstitucionalidad, que es el de las medidas cautelares. Es un recurso muy importante que no debería ser afectado por las reformas».

Las correcciones que plantearon las ONGs fueron con estrechas similitudes entre cada asociación. El punto de mayor debate fue una profundización en la letra del artículo en donde se especificaba que las cautelares serían posibles en caso de que se afectase “directamente la vida”.

El CELS, al respecto, solicitó que se cambiara el escrito por el siguiente: “cuando  se encuentren comprometidos la vida, condiciones de vida adecuadas, la salud de la persona o de un derecho de naturaleza alimentaria o relativos a la constitución del ambiente o de aquellos sobre quienes existe un fuerte interés estatal de su protección como los grupos de vulnerabilidad, los trabajadores, los usuarios del servicio público”.

El secretario de Justicia, Julián Álvarez, le contestó con vehemencia arguyendo que eso quedaba entendido. De todas formas, aceptó la sugerencia y reconoció que se podría modificar para que digiera “vida digna”; entendiendo por ese concepto la fórmula que planteó el Centro de Estudios.

Otro de los puntos cuestionados fue el plazo razonable que estipula el proyecto. La iniciativa estipula que seis meses será el tiempo máximo para la vigencia de una medida cautelar. Al respecto, FORES señaló que el Estado dispone de tiempos judiciales lentos. De los 180 días que se estipulan para esa herramienta judicial, 100 los ocupa el Estado entre notificaciones y resoluciones.

La propuesta del CELS, acerca de este último tema, fue que el plazo fuera efectivamente razonable, pero que en la causa conste la información de qué actividad ha realizado cada parte, para prevenir una eventual morosidad voluntaria. Ese fue también uno de los puntos que acepto el secretario camporista Álvarez; convino que el juez debe estar “obligado” a dar celeridad al trámite.

Otro de los aspectos sensibles fue el inciso A del artículo 14. Ese apartado establece que quienes soliciten una cautelar deberán precisar con exactitud el agravio que se padece. La crítica fue que esa exactitud la deberá probar el proceso y no es un elemento que deba aportar el supuestamente damnificado.

Al concluir su exposición, Vertbitsky, en diálogo con NCN expresó su conformidad con la presentación y señaló que “esperamos que el cuerpo del senado en su conjunto tome estas observaciones, hemos recibido una actitud constructiva por parte de todos los que participaron. Nosotros hemos hecho una invocación a más reflexión, más análisis y comas modificadas que una ópera española. Creemos que estos proyectos no terminan con los problemas de la justicia de una vez y para siempre ni peligran las instituciones de la república. Son proyectos importantes, valiosos, perfectibles y estamos tratando de aportar y nosotros nos vamos satisfechos de este encuentro”.

Los cambios que aceptó Julián Álvarez no se incorporaron al proyecto y la decisión final queda para este jueves a la 14 en el tratamiento sobre tablas que dará el pleno del cuerpo del Senado en sesión extraodinaria.