Desde el radicalismo advierten que el FPV motorizó la reforma procesal para quedarse en el Estado
El titular de la bancada radical de la cámara baja, Mario Negri (Córdoba), respecto a las iniciativas que finalmente fueron ley para implementar el Código Procesal Penal, que el Frente Para la Victoria «puede irse del Gobierno, pero no se quieren ir del Estado». En ese sentido, subrayó que la batería de proyectos se traduce en «3900 cargos nuevos y toda la discrecionalidad para (la procuradora Alejandra) Gils Carbo y el Consejo de la Magistratura para designar jueces con el dedo en lugar de seleccionar a los mismos. Terminan el mandato sitiando a la Justicia”.
“En el 2006 se cambió el Consejo de la Magistratura de 20 a 13 miembros. Fue un cambio ordenado por Cristina Fernández de Kirchner siendo senadora para, según ella, terminar con un “consejo elefante”, es decir, demasiado grande y sin movimiento. Por esa razón se dedicó a achicar el número de integrantes”, explicó Negri. “Se eliminaron miembros de los estamentos de jueces, académicos y abogados, y se quitó la representación de la segunda minoría parlamentaria. Todo esto, siendo el oficialismo el único sector que no perdió poder en el Consejo”.
“En el 2012- recordó el legislador- se postuló Reposo y Gils carbó como procuradores. El primero, presentó un CV que ni truchado alcanzaba para ser meritorio y a quien debieron retirarle el pliego, para después presentar a una persona con un buen CV pero que aseguraba el gobierno de un manejo oficialista del Ministerio Público”.
Negri remarcó que “hubo una enorme cantidad de conjueces desde 2013 a 2014” y señaló que “en el 2013 fue el año de la democratización de la Justicia con seis paquetes de leyes: Consejo de la magistratura, las Cámaras de Casación – buscando dificultar el acceso a la Corte y designar decenas de nuevos jueces adeptos; medidas cautelares en procesos donde interviene el Estado, en donde se vaciaba a las medias cautelares de su finalidad, el acceso democrático a la Justicia, que no se aplica a una gran parte de puestos del Ministerio Público donde se sigue permitiendo la entrada a dedo de la Procuradora Gils Carbó”.
En ese sentido, resaltó que “el kirchnerismo ha creado un andamiaje para perpetuarse en el poder y se preparó para asegurarse dos cosas: poder e impunidad. Para asegurarse el poder tiene una estrategia de cooptación más inmovilidad. Para la cooptación deben mencionarse los números de puestos que están en juego: 3900 cargos nuevos cargos que se desagregan en 504 en el Poder Judicial; 1711 en el Ministerio Público de la Defensa; 1650 en el Ministerios Público Fiscal. Pero también quieren asegurarse la inmovilidad de esos cargos para que puestos claves queden en manos de personas alineadas a sus intereses: la UIF, con Sbatella que podría seguir hasta el 2018; AFSCA, con Sabbatella que tiene mandato hasta el 2017, entre otros”.
“Para asegurarse la impunidad la estrategia fue garantizar su hegemonía sobre el Poder Judicial, sobre el Ministerio Público Fiscal y sancionar leyes que los blinden en contra de los reclamos de la sociedad”, concluyó el legislador por Córdoba.