15 de junio de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

El PRO denuncia penalmente a Alberto Fernández por sedición y traición a la Patria

La líder del PRO, Patricia Bullrich, junto a los diputados nacionales Facundo Iglesias y Sabrina Ajmechet, presentarán una denuncia penal contra el presidente Alberto Fernández por el delito de sedición y traición a la Patria. Esto es a partir del anuncio de desobedecer el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que le dio la razón a la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de los fondos de la coparticipación.

La acusación de la presidenta del PRO recae sobre el Presidente y los mandatarios que apoyaron la decisión del Gobierno de no acatar el fallo de la Corte Suprema, que le dio razón a la Ciudad de Buenos Aires en su reclamo por el recorte de fondos de la coparticipación federal.

De acuerdo con lo que indica un comunicado al respecto, el artículo 230, inciso 2 del Código Penal, sostiene que “serán reprimidos con prisión de uno a cuatro años los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este Código”.

Cabe hacer mención que, además del presidente, también serán denunciados los 19 gobernadores que apoyaron a Alberto Fernández por no acatar el fallo del Máximo Tribunal: El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Mariano Arcioni; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quinquella; de San Juan, Sergio Uñac; de San Luis, Alberto Rodriguez Saá; de Santa Cruz, Alicia Kirchner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Tucumán, Osvaldo Jaldo; de Río Negro, Arabela Carreras; de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; de Neuquén, Omar Gutiérrez; y de Salta, Gustavo Saénz.

El miércoles de la semana pasada, la Corte Suprema ordenó que durante la tramitación del proceso el Estado Nacional entregue a la CABA el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548. También dispuso que las transferencias correspondientes a lo dispuesto se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina. Asimismo, ordenó al Estado Nacional que, durante la tramitación del proceso, se abstenga de aplicar la ley 27.606, insistiendo en que la participación aquí discutida de la Ciudad en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias por cuanto sea cual fuere el resultado del juicio los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires, se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria.

El Gobierno indicó que no acatará el fallo y que recusará a los jueces del Tribunal que resolvieron a favor de la Ciudad.

Al respecto, en su denuncia, Bullrich, Iglesias y Ajmechet aseguraron que “además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo”. Remarcaron el “grave peligro de ruptura del orden institucional” que significa que “las más altas autoridades nacionales y provinciales se pronuncien de manera descomedida y agresiva contra un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incitando y justificando su desobediencia”.

Las manifestaciones y acciones de funcionarios con altas responsabilidades institucionales, como el Presidente de la Nación y gobernadores de provincias, banalizando la división de poderes y anunciando la inaplicabilidad y por ende posible desobediencia al fallo en cuestión, merecen ser investigadas con seriedad”, añadieron. E insistieron en que la sedición quedó configurada “desde el momento en el que se dieron a publicidad el comunicado y los comentarios por los que los distintos funcionarios suscriptores del mismo dejaron en claro que además de estar en desacuerdo con el fallo están dispuestos a no cumplir lo que la Corte ordenó, incluso instigando a la desobediencia, cosa que resulta absolutamente inaceptable en un estado de derecho”.

Esos actos deben ser sancionados con las penas previstas para los traidores a la patria, es decir, la inhabilitación perpetua de sus autores para el ejercicio de cargos públicos, su imposibilidad de acceder a los beneficios del indulto o la conmutación de pena y la imprescriptibilidad de las acciones legales para perseguirlos”, concluyeron.