El Senado designó a Marisa Graham como defensora del Niño, Niña y Adolescente con 47 votos afirmativos y 21 negativos en un debate cruzado por las posturas con respecto al Aborto. Con esta decisión, el Congreso cumple con una deuda de más de 14 años.

La senadora del Frente de Todos, Norma Durango, afirmó que «esta también era una deuda social, todos tenemos esta deuda con los niños y niñas del país que no puede esperar más por la garantía de sus derechos», comentó.

En este sentido, agregó: «Este ha sido un proceso público y consensuado en cada una de sus instancias. No podemos mirar para otro lado, niños, niñas y adolescentes piden ser protegidos, ser escuchados y ser tratados como sujetos de derechos».

Por su parte, el sector que se mantuvo en contra de la votación argumentó que «les surge la duda de que si hay un conflicto entre la voluntad de la madre y los derechos del niño por nacer efectivamente Graham garantizará los derechos del niño por nacer», dijo la senadora Silvia Elias de Peréz de la UCR.

«Nuestras normas dicen que en la Argentina es niño toda persona desde la concepción hasta los 18 años. Espero que la defensora respete estas normas que son de carácter constitucional», advirtió Elias de Peréz.

Graham, una abogada especialista en niñez que desde hace más de tres décadas trabaja en la protección de los derechos de los niños y adolescentes y que apoya el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, fue elegida entre más de 70 postulantes luego de un proceso de selección impulsado por la comisión bicameral de Defensa de los Derechos del Niño, creada en 2017.

La designación del defensor o defensora del Niño viene siendo reclamada desde hace años por organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas vinculados con la niñez y que entienden que «cada día de incumplimiento» de la Ley 26.061, sancionada en 2005, que, entre otros puntos, creó esta figura, «profundiza aún más la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de nuestro país».

«La gravedad de la crisis económica y social, con especial impacto en la niñez y en la adolescencia, pone en evidencia la necesidad ineludible de contar con una Defensoría nacional que exija las políticas públicas destinadas a la infancia, y asegure el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia en condiciones de igualdad», señaló hace pocos días un colectivo de 120 ONG a través de un comunicado de prensa.

  • El 6 de noviembre último, la comisión bicameral de Defensa de los Derechos del Niño firmó una resolución en la que advirtió que el pliego caducaría en abril de este año si no era tratado por el Senado.

En las últimas horas, siete legisladores, en su mayoría de Juntos por el Cambio, advirtieron que el pliego de la abogada había caducado y presentaron una nota a las autoridades del cuerpo.

La misiva fue firmada por los senadores Belén Tapia, Silvia Elías de Pérez, Pedro Braillard Poccard y Silvia Giacoppo, quienes en 2018 votaron en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, a la cual Graham apoya.

 

«Las organizaciones firmantes exhortamos al Senado de la Nación a aprobar en forma urgente la designación de las autoridades de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes en el período de sesiones extraordinarias, para dar inicio a su funcionamiento institucional», señalaron en el texto las organizaciones, entre ellas la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), CIPPEC, Amnistía Internacional Argentina, CELS, Fundación Huésped y CTA Autónoma.

Las designaciones de Graham como defensora y de Facundo Hernández y Fabián Repetto, como defensores adjuntos habían sido aprobadas por la Cámara de Diputados el 26 de junio de 2019.

El cargo para el que fue seleccionada Graham se encuentra vacante desde 2005 y el proceso de designación quedó trabado en el Senado debido a la resistencia que su figura genera entre quienes rechazan la legalización del aborto.

De hecho, a partir de las 14, se congregarán en la puerta del Senado de la Nación integrantes de organizaciones «provida» que rechazan la designación de esta abogada en el área.

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